Legislador demócrata defiende reforma migratoria: “Ningún país del mundo tiene fronteras abiertas”
La representante estatal Carla Cunningham justifica su respaldo al proyecto de ley HB10 en Carolina del Norte, argumentando que prioriza la seguridad ciudadana y no criminaliza a comunidades enteras.
- Malas noticias para los inmigrantes de EEUU: esta es la nueva estrategia migratoria entre el CBP y la policía de Florida en operativos de tránsito
- Profesor es arrestado por abusar sexualmente de estudiante en un colegio de Miami
Defensores advierten que la reforma podría aumentar la desconfianza entre inmigrantes y autoridades locales.
En medio del debate nacional sobre inmigración, la representante estatal demócrata Carla Cunningham, del condado de Mecklenburg, se desmarca de la postura dominante de su partido y apoya la polémica propuesta legislativa HB10. Esta medida exige a los alguaciles de Carolina del Norte colaborar con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en casos donde personas extranjeras enfrenten cargos por delitos violentos o faltas graves. El respaldo de Cunningham ha despertado tanto críticas como elogios, en una escena política cada vez más polarizada.
La votación que consolidó la ley fue decisiva: la Cámara de Representantes estatal superó el veto del gobernador Roy Cooper con una mayoría de 72 votos a favor frente a 44 en contra. Este resultado no solo marcó una victoria para los republicanos, sino que también expuso fisuras dentro del bloque demócrata, en especial al tener en sus filas a una legisladora que rompe filas por lo que considera una cuestión de responsabilidad pública. La ley entrará en vigor el 1 de diciembre de 2025, aplicándose solo a delitos cometidos desde esa fecha.
Inmigración y seguridad pública: los argumentos detrás del proyecto HB10
La propuesta HB10, considerada por sectores conservadores como un instrumento indispensable para el orden público, busca que las autoridades locales cumplan con las órdenes de retención de ICE para extranjeros acusados de delitos graves. Esto significa que los alguaciles no podrán liberar a esos individuos hasta que las autoridades migratorias federales actúen, cerrando la puerta a la política de “santuarios” que algunos condados habían adoptado.
Cunningham, al explicar su voto, manifestó que la ley no pretende perseguir a inmigrantes sin antecedentes, sino impedir que personas con historial criminal burlen el sistema legal. Afirmó categóricamente: “Ningún país del mundo tiene fronteras abiertas. Lo que proponemos no es discriminación, es cooperación para proteger a la ciudadanía.” Con esta declaración, buscó enfocar el debate en términos de seguridad y no de ideología.
Críticas al proyecto: efectos en las comunidades migrantes
Diversas organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de inmigrantes han advertido que esta normativa puede generar miedo dentro de las comunidades latinas e indocumentadas. Temen que muchas personas eviten acudir a la policía, incluso en situaciones de emergencia, por temor a una posible deportación. Comparan la ley con el programa federal 287(g), derogado por su impacto negativo en la confianza entre ciudadanos y autoridades.
Los detractores también alertan sobre el posible uso excesivo de esta herramienta legal, que podría terminar afectando a personas no condenadas. El simple hecho de estar acusadas bastaría para quedar bajo custodia migratoria, lo que abre la puerta a errores judiciales o abusos de autoridad. Sin embargo, los impulsores del proyecto rechazan estas afirmaciones, asegurando que las órdenes de detención se aplicarán únicamente en casos bien documentados.
PUEDES VER: ¡Atención, inmigrantes en EEUU! Donald Trump y Marco Rubio preparan deportaciones a nuevos países en 2025
División en el Partido Demócrata y futuro de la reforma migratoria en Carolina del Norte
El voto de Carla Cunningham dejó en evidencia las divisiones internas del Partido Demócrata frente al tema migratorio. Mientras algunos legisladores consideran que deben alinearse con los movimientos progresistas y rechazar cualquier medida vinculada a ICE, otros, como Cunningham, piensan que ignorar los reclamos sobre seguridad es un error político.
La entrada en vigor de la ley en diciembre colocará a Carolina del Norte como uno de los estados con políticas más estrictas en este ámbito. En tanto, los defensores de los inmigrantes ya preparan campañas informativas para minimizar el impacto entre los afectados. La disputa, lejos de cerrarse, parece anticipar nuevas batallas legales y electorales, en un año donde el tema migratorio será clave en las urnas.
