La ONPE revisará perfil de capacitadores en partidos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) revisará el perfil de los capacitadores electorales que han reportado los partidos políticos a la hora de rendir cuentas sobre los gastos del financiamiento público directo. Fuentes de ese organismo manifestaron que ante las denuncias de algunos gastos presuntamente irregulares procederán a revisar los documentos contables y contrastar con las actividades de los profesionales contratados.

Una rápida revisión de los informes de gastos de los partidos nacionales permite apreciar que principalmente van por el lado de la capacitación, tal como pide la norma; sin embargo, la ONPE comprobará si quienes fueron contratados tienen las condiciones profesionales para capacitar a los militantes y dirigentes.

Hasta el momento, no se ha completado la publicación de los informes financieros de todos los partidos. En la ONPE informaron a La República que algunos partidos entregaron sus documentos de manera física y se está ingresando la data de forma gradual en la sección Claridad de la web de ese organismo.

Los especialistas en temas electorales José Villalobos y Jorge Jáuregui señalaron que la ONPE cumple un rol auditor y tiene que verificar que los gastos sean en cumplimiento del objetivo, que es fortalecer a los partidos económicamente para que se independicen de los aportantes privados y, de esa forma, velar por el derecho de la ciudadanía a la participación política con partidos correctamente estructurados.

“La ONPE tiene que determinar si la consultoría corresponde a los servicios que se han prestado y si el profesional cumple el perfil. No es descabellado pensar que se puede usar a personal no calificado para maquillar los gastos de campaña”, declaró Villalobos, tras precisar que, de acuerdo al artículo 36 de la Ley de Organizaciones Políticas, se puede sancionar a los partidos con multas y, en caso de gravedad, se le puede suspender el financiamiento.

Jáuregui, por su parte, sostuvo que la ONPE tiene que revisar los montos de dinero pagado y a las personas que han emitido los comprobantes de pago. “Una empresa que vende combustibles no puede dar capacitación en temas electorales y justificar con ellos los gastos de los partidos”, apuntó.

Para Percy Medina, es necesario realizar una mejor evaluación del gasto de esos recursos para que se aprovechen de la mejor manera, mientras que Karin Guevara, especialista en derecho electoral, consideró que tal como está planteada la norma permite una amplia interpretación, como el uso de coaching en la capacitación a dirigentes de las bases.

Guevara precisó que los dirigentes pueden alegar que en calidad de líderes de sus partidos pueden formar políticamente a sus militantes, capacitarlos y ser remunerados y “no hay ningún impedimento. Van a tener que buscar mil vueltas para ver quiénes van a ser los beneficiarios del financiamiento, lamentablemente esa figura se está desnaturalizando”.

Añadió que se debería crear una doctrina jurisdiccional para ver qué es lo que se debe entender como fiscalización, pues “la ONPE no tiene discrecionalidad, solo aplica la norma y no puede ir más allá”.

El financiamiento volvió a ganar protagonismo luego de que se informó de presuntos pagos irregulares con el fondo del financiamiento público directo que reciben los partidos (ver cuadro).

Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Somos Perú reportaron pagos a dirigentes con financiamiento de fondos públicos. Según la norma, no más del 50% del dinero que reciben los partidos debe ser usado para gastos ordinarios y, por lo menos, el 50% para gastos de formación, capacitación, investigación y divulgación.

Reacciones

Karin Guevara, especialista electoral

“Cualquier sanción que imponga la ONPE será elevada al JNE y es ahí donde se puede dar una liberación o poner una barrera, pero va a ser bien complicado, pues la norma es muy amplia”.

Percy Medina, Idea Internacional

“No hay cómo evaluar la calidad de la capacitación, pero al tratarse de recursos públicos se debe garantizar que se use de la mejor manera. Está muy librado a la decisión de los partidos”.

La clave

Informe. Un total de 692 candidatos, que anteriormente han sido autoridades o funcionarios públicos y que ahora postulan a las Elecciones Regionales y Municipales 2022, se encuentran comprendidos en informes de la Contraloría por presuntamente tener responsabilidad penal, civil y/o administrativa como resultado de su gestión en entidades del Estado.