Partidos aprovechan vacíos en leyes electorales
Graves fallas. Expertos advierten una falta de parámetros por parte de la ONPE para establecer “reglas claras”. Señalan posibles sanciones en caso de que se detecte uso de fondos públicos para fines prohibidos.
El último domingo, ‘Punto final’ reveló que los partidos Somos Perú, Perú Libre y Renovación Popular habrían utilizado el dinero recibido para beneficiar a terceros en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
Esta revelación ha sido considerada grave, pues refleja que lo que debió permitir la mejora del nivel de los cuadros políticos ha terminado reforzando las viejas y nocivas prácticas de la política peruana.
Renovación Popular, que recibió S/843.000 del fondo público, pagó S/226.650 al excongresista fujimorista Julio Gagó por un servicio de coaching a sus candidatos, con miras a los comicios del próximo 2 de octubre.
Vladimir Cerrón, con sentencia suspendida por corrupción, percibe S/12.000 mensuales provenientes de S/1.075 639.61 otorgados a Perú Libre por pasar la valla electoral el 2021 con el mayor número de congresistas.
El dato. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, recibe casi 13.000 soles mensuales del financiamiento público que recibe el partido del lápiz, según los reportes. Foto: difusión
Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, sería otra beneficiada con el recurso público del Estado, pues su partido le estaría pagando S/15.000.
El necesario sustento
Para Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, la ONPE debería “completar la información faltante”.
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En declaraciones a La República, Lanegra señaló que —en principio— “no hay problema de ilegalidad” con los rubros expuestos. No obstante, precisó que los partidos deben sustentar lo que gastan con el fin de “demostrar” lo que declaran ante la entidad electoral.
“La ONPE debe revisar si hay cierta proporcionalidad entre lo que se haga (o se haya adquirido). Por ejemplo, si dicen que compraron un auto a un S/1 millón, la ONPE debe pedir la cuenta que justifica eso”, declaró.
Seguidamente, sostuvo que en caso de que se compruebe que hubo “formas fraudulentas de querer pasar ciertos gastos que, efectivamente, no se justifican”, entonces sí podría haber sanciones.
“Puede haber multas por evasión del cumplimiento de la norma del financiamiento. Si hay reincidencia, se le puede quitar el fondo al partido, pero estamos todavía en la primera etapa”, explicó a este diario.
Qué hacen con el dinero
El exjefe de la ONPE Fernando Tuesta sostuvo que la ley de financiamiento de partidos se creó porque estos “ya no pueden proveer de sus ingresos”. También detalló que en el caso del fondo público existen dos maneras: la primera es indirecta con la franja electoral y la segunda con la entrega de dinero directa a las organizaciones.
“El rechazo de la política y los partidos es muy grande en nuestro país. Pensar que se les entrega dinero a los partidos políticos no es popular”, manifestó durante una reciente entrevista en el canal del JNE.
El politólogo mencionó que el dinero entregado tiene dos objetivos: evitar la desigualdad y el manejo de la política por parte de empresas privadas. “La diferencia era de quién tenía dinero privado y quién no tenía... Con la ley se busca evitar el dinero ilícito”, agregó.
ONPE debe hacer más
José Tello, experto en derecho electoral, recuerda que la ley 31046 (que modificó el financiamiento público de los partidos el 2021) establece que solo se puede utilizar hasta el 50% en gastos administrativos. “Pagarle a un presidente de un partido es un gasto administrativo. Hay otro 50% en capacitaciones”, resaltó.
Para Tello, la ONPE debe “colocar parámetros” con el fin de controlar los gastos de las organizaciones políticas. “No están poniendo límites. Hay un problema de la ONPE referente a las contrataciones”, dijo. Agregó que, sin reglas claras, la entidad electoral no puede controlar a los partidos.
