Fuerza Popular plantea acudir al TC para frenar leyes del Congreso con impacto fiscal

El debate sobre el manejo de las cuentas fiscales volvió a tomar protagonismo luego de que el exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, planteara la necesidad de limitar la capacidad del Congreso para aprobar normas que generen gastos permanentes al Estado. En representación del plan económico de Fuerza Popular, el economista sostuvo que la agrupación evalúa recurrir al Tribunal Constitucional con el objetivo de revisar el alcance de esa facultad parlamentaria.

Durante una entrevista en RPP, Carranza afirmó que el actual escenario fiscal refleja un deterioro progresivo de las finanzas públicas debido a la aprobación de leyes con impacto presupuestal. Según explicó, la preocupación radica en que muchas de estas medidas generan obligaciones permanentes de gasto sin garantizar una fuente clara de financiamiento.

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"El problema es que se sigue aprobando gasto sin medir las consecuencias fiscales de largo plazo", sostuvo el ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas. A su juicio, el país necesita establecer mayores restricciones para evitar que el equilibrio fiscal continúe debilitándose en los próximos años.

Las declaraciones se producen en medio de las advertencias emitidas por el Consejo Fiscal respecto al estado de las cuentas públicas. El organismo alertó recientemente sobre el riesgo de que el Perú pierda su grado de inversión hacia el 2031 si no se corrige el incremento sostenido del gasto y el debilitamiento de las reglas fiscales.

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Carranza indicó que entre 2021 y 2026 se aprobaron más de 260 normas que comprometen recursos públicos de manera permanente. De acuerdo con las estimaciones citadas por el economista, estas disposiciones representarían alrededor de S/36.700 millones anuales en obligaciones fiscales adicionales.

Cuestionamientos al gasto público

Más allá del aumento del gasto, el exministro señaló que el principal problema es la falta de eficiencia en el uso de los recursos estatales. En ese sentido, cuestionó que sectores prioritarios no presenten mejoras pese a los presupuestos asignados durante los últimos años.

Como ejemplo, mencionó que las inversiones en agua y saneamiento no han logrado ampliar adecuadamente la cobertura de servicios, mientras que indicadores sociales como la anemia infantil continúan mostrando cifras preocupantes pese al financiamiento destinado a programas sociales. "El Estado gasta más, pero muchas veces los resultados siguen siendo deficientes", remarcó.

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Asimismo, criticó que parte de los recursos públicos terminen orientándose a contrataciones que responden a intereses políticos antes que a necesidades técnicas. Según sostuvo, el objetivo debería ser asegurar que el gasto llegue efectivamente a las personas vulnerables y contribuya a mejorar servicios esenciales.

En paralelo, Carranza defendió la importancia de preservar la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. Señaló que mantener una política monetaria independiente es clave para evitar decisiones influenciadas por intereses políticos y garantizar estabilidad económica.

Rechazo al aumento del sueldo mínimo

Otro de los temas abordados por el economista fue la propuesta de elevar la Remuneración Mínima Vital a S/1.500, impulsada desde Juntos por el Perú. Carranza consideró que un incremento de esa magnitud podría generar efectos negativos sobre las pequeñas empresas, especialmente aquellas con menor capacidad financiera para absorber mayores costos laborales.

"Muchos trabajadores podrían terminar pasando del empleo formal al informal y perder beneficios sociales", advirtió.

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El exministro sostuvo además que el crecimiento de los salarios debe estar acompañado por mejoras en productividad y expansión económica sostenible. En esa línea, recordó que el sueldo mínimo ya registró incrementos importantes en los últimos años y señaló que, al compararlo con la inflación acumulada, el avance en términos reales ha sido limitado.

Carranza afirmó que el Perú podría haber alcanzado niveles salariales mucho más altos si hubiera mantenido tasas de crecimiento económico cercanas al 7% anual durante los últimos años. Incluso, sostuvo que el país tendría actualmente indicadores comparables con economías de mayor desarrollo en la región.