Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

A través de un pronunciamiento, el Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad manifestó su rechazo ante la decisión del Director General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Zenón Loayza Díaz, de ordenar el retiro del personal especializado de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de las zonas de alta vulnerabilidad donde se venían desarrollando operativos contra la minería ilegal.

En detalle, se mencionan regiones como Madre de Dios, Amazonas, Loreto, Ucayali, Huánuco y otros lugares en los que está presente esta actividad, que se ha convertido en una de las mayores economías criminales del país, superando al narcotráfico y otras que operan por fuera de la ley. Para el observatorio, se trata de una medida inconstitucional que constituye un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal.

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"La ausencia del componente policial debilita significativamente los operativos interinstitucionales liderados por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y genera un mensaje de permisividad frente a actividades ilegales. Exigimos la inmediata restitución del personal de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP en las zonas críticas afectadas por minería ilegal", explicaron.

Una de las consecuencias de esta decisión sería la reactivación y expansión de esta actividad ilícita en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento, ecosistemas acuáticos, entre otros. Además, desde el Observatorio advirtieron que se podría afectar los derechos de los pueblos indígenas, acelerar la deforestación y desarticular los operativos integrados, vulnerando los principios de cooperación interinstitucional que están contemplados en la normativa actual.

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PNP ordena suspender operativos contra minería ilegal

Dos días después de que la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) decidiera retirarse de la mesa de diálogo con el gobierno, se conoció la existencia de una comunicación de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP, en la que solicita a la Dirección de Medio Ambiente de esta institución que suspenda todas las comisiones de servicio en provincia relacionadas contra los delitos ambientales como la minería ilegal.

En el Memorándum N.º 099-2025-COMOPPOL-PN, dirigido al general Manuel Lozada, el general PNP Zenón Loayza argumentó que debe replantearse este tipo de operaciones policiales y efectuar el repliegue del personal de la Dirmeamb a partir del 4 de agosto a su sede en Lima o su unidad de origen, con excepción de los agentes que se encuentran en los puestos de Pataz-La Libertad.

Este diario buscó conversar con el teniente general Zenón Loayza, pero desde la oficina de prensa de la PNP rechazaron esta posibilidad. Sobre el cese de los operativos contra la minería ilegal, la Policía Nacional informó en sus redes sociales que "la lucha contra los delitos ambientales continúa con firmeza a nivel nacional", por lo que se desprende que el retiro de las zonas críticas habría quedado sin efecto. Incluso, mencionaron que vienen ejecutando hasta la actualidad 1.312 operaciones contra esta actividad ilícita, logrando 423 detenidos, 37.724 unidades de dinamita incautadas, 2.479 motores decomisados y 428 maquinarias pesadas intervenidas.

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No obstante, para el Observatorio de Minería Ilegal, los entes de control como el Congreso deben exigir una explicación pública al Director General de la PNP y del Ministerio del Interior sobre los motivos que llevaron a esta decisión. Asimismo, demandaron que se fortalezca el trabajo conjunto entre la PNP, la Marina de Guerra (DICAPI), el Ministerio Público, el Minam y otras entidades competentes para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia ambiental.

Sobre este tema, la congresista Dina Gonzáles informó a este diario que buscará respuestas del Poder Ejecutivo en la próxima sesión de la mesa técnica que aborda la formalización minera, ya que el titular de la PCM, Eduardo Arana, había enfatizado que las interdicciones contra la minería ilegal "no iban a parar".

En su momento, el presidente de la Confemin, Máximo Bequer aseguró que no era viable que, mientras se desarrollaba la mesa de diálogo con los representantes del Poder Ejecutivo, se hayan estado realizando estas "medidas de presión" que afectan también a los mineros en proceso de formalización, con la excusa de combatir a los operadores de la minería ilegal.