Solo el 5% de trabajadoras del hogar en Perú tiene seguro social pagado por sus empleadores
El 36% de las trabajadoras del hogar en Perú presenta síntomas de depresión por condiciones laborales precarias, según el Proyecto ANITA.
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¿Quién cuida a las que cuidan? En Perú, solo el 5% de las trabajadoras del hogar accede a un seguro social financiado por sus empleadores, a pesar de que su labor —clave para el funcionamiento de miles de hogares— implica constantes riesgos físicos y emocionales.
En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril), la ONG Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR) alerta sobre la persistente informalidad, la falta de contratos y el limitado acceso a la atención médica que afecta a más de 300 mil mujeres, según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) al 2023.
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De acuerdo con el proyecto ANITA, el 57% de trabajadoras del hogar sufría alguna condición crónica de salud. Sin embargo, solo un 7.5% contaba con EsSalud pagado por su empleador y un 16% no tenía ningún tipo de seguro hasta 2022. Para 2024, un 72% reporta estar afiliada al Sistema Integral de Salud (SIS), aunque este no cubre todos los riesgos laborales.
Salud emocional: una deuda pendiente
“Hablar de salud en el trabajo no es solo hablar de riesgos físicos, sino también de salud mental y estabilidad laboral. Las trabajadoras del hogar están expuestas a enfermedades, maltratos, sobrecarga y estrés, muchas veces sin la posibilidad de ir al médico ni tomarse un descanso”, advirtió Sofía Mauricio, del Consejo Directivo de AGTR.
La falta de contrato escrito, el miedo constante al despido, las horas extras no remuneradas y la incertidumbre sobre sus derechos generan angustia y agotamiento emocional. Según ANITA (2023-2024), el 36% de estas trabajadoras presenta síntomas de depresión, y no cuentan con servicios de salud mental especializados.
Violencia y accidentes laborales invisibilizados
A ello se suma un preocupante panorama de violencia laboral: según ENAHO y ENDES (2022), el 16% sufre violencia psicológica y el 10% violencia física en el trabajo. Además, un 14% ha tenido accidentes laborales (caídas, cortes o quemaduras), pero solo 4 de cada 10 recibió atención médica.
¿Qué se puede hacer?
AGTR propone una serie de medidas urgentes:
- Difusión activa de los derechos laborales establecidos en la Ley 31047, aún desconocida para muchas trabajadoras.
- Campañas dirigidas a empleadores para que conozcan que la formalización permite deducir gastos en la Sunat.
- Programas específicos de salud mental para trabajadoras del hogar.
- Facilitar el registro de contratos laborales mediante plataformas accesibles y descentralizadas.
“El acceso a salud y seguridad laboral no debe ser un privilegio, sino un derecho. Este es un trabajo que permite que otros trabajen. Formalizar no es solo cumplir una ley, es reconocer la dignidad de un trabajo esencial”, concluyó Mauricio.
