Reforma previsional en Perú enfrenta críticas por no abordar problemas estructurales del mercado laboral

A pesar de la promulgación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano N° 32123, en el Congreso se han presentado tres nuevos proyectos de ley que proponen retiros adicionales de fondos de las AFP, lo que podría afectar la sostenibilidad del sistema y comprometer la seguridad financiera de los jubilados.

Uno de los principios de la nueva norma es garantizar un respaldo estatal para quienes no logren acumular una pensión mínima. Sin embargo, según el artículo 5, para que el Estado complemente los recursos necesarios en estos casos, el afiliado no debe haber realizado retiros de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) desde la entrada en vigor de la ley, el 24 de septiembre de 2024.

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Asimismo, el artículo 15 prohíbe expresamente el retiro total o parcial de los fondos acumulados en las cuentas individuales de aportes obligatorios del Sistema Privado de Pensiones (SPP), salvo en casos específicos, como el uso de hasta el 25% del fondo para la compra de una primera vivienda o el acceso a los recursos en situaciones de enfermedad terminal o cáncer avanzado.

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En ese contexto, las iniciativas legislativas presentadas por los congresistas Américo Gonza (Perú Libre) y Darwin Espinoza (Podemos Perú) para permitir el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400), así como la propuesta de Digna Calle (Podemos Perú) para autorizar retiros destinados al pago de hipotecas, educación, desempleo, enfermedades e incluso migración, representan un riesgo para la seguridad financiera de los jubilados.

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Hasta la fecha, se han aprobado siete retiros por un monto superior a S/115.000 millones, lo que ha dejado a siete millones de afiliados sin fondos para su jubilación, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Reforma, pero no de pensiones 

“En un país donde los salarios promedio no alcanzan los S/2.700, es previsible que los trabajadores recurran al retiro de la CTS o los fondos de las AFP para cubrir sus necesidades inmediatas. Sin embargo, aprobar nuevos desembolsos no soluciona los problemas estructurales del mercado laboral, como los bajos ingresos y la alta informalidad”, señaló Christian Sánchez, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, a La República.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, José Salardi, no solo se manifestó recientemente en contra de un octavo retiro de los fondos de pensiones, sino que también afirmó que se “está avanzando” en la reforma del sistema previsional. No obstante, para Sánchez, el enfoque de esta reforma es deficiente, ya que aborda únicamente el aspecto previsional sin incluir medidas que fortalezcan el mercado laboral.

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“El principal desafío no es solo garantizar pensiones en el futuro, sino también mejorar las condiciones actuales de los trabajadores. Sin políticas públicas efectivas para reducir la informalidad, elevar los salarios y fomentar la negociación colectiva, cualquier reforma previsional que no vaya de la mano con una reforma laboral integral y un verdadero diálogo social estará condenada”, advirtió el exministro.

Uno de los aspectos más cuestionados de la reforma es la ausencia de un sistema de protección por niveles. En lugar de establecer una pensión mínima garantizada con aportes compartidos entre el Estado y los empleadores, el modelo actual deja a cada trabajador con lo que haya podido acumular individualmente, lo que profundiza la desigualdad y afecta especialmente a los asalariados de bajos ingresos y a los trabajadores informales, según Sánchez.

Además, la reforma no ha abordado aspectos clave como la regulación de las comisiones que cobran las AFP ni el fortalecimiento de la fiscalización sobre su desempeño, lo que genera dudas sobre su efectividad a largo plazo. De otro lado, financiar pensiones mínimas con aportes del estado para el sistema privado de pensiones, es una distorsión del principio de solidaridad.

“Debe haber una reforma laboral antes que una reforma de pensiones”, sentenció Sánchez, subrayando la necesidad de abordar primero los problemas estructurales del empleo en el país.

Cabe señalar que el reglamento de la ley debe emitirse en un plazo no mayor a 180 días hábiles, es decir, hasta mediados de 2025.

Poder adquisitivo

En 2024, el poder adquisitivo de los peruanos cayó un 9% en comparación con 2019, lo que ha llevado a muchas familias a necesitar mayores ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Esta situación se agrava considerando que el 70% de la población trabaja en el sector informal, donde los salarios son aún más bajos.

A esto se suma el impacto de la inflación, que en 2021 alcanzó el 6,40%, en 2022 llegó al 8,50% y en 2023 se situó en 3,20%.

"Durante este período, si bien los precios subieron, los salarios en el sector formal no lo hicieron, lo que ha reducido el poder adquisitivo de los trabajadores", explicó Ana Reátegui, profesora de Economía de ESAN, a este diario.

Por su parte, Jorge Guillén, docente de la misma casa de estudios y especialista en Finanzas, señaló que otro problema es la falta de educación financiera, ya que muchas personas confunden el propósito de sus fondos y recurren a ellos sin una planificación adecuada. “Como ha señalado la SBS, en el Perú existe un problema estructural de ahorro”, advirtió.