Economía

Álvaro Vidal sobre reforma de pensiones: "Se ha hecho a espaldas de la gente"

El especialista en sistemas pensionarios señala que la ley aprobada por el Congreso es un "salvavidas" de las AFP. Además, indica que la reforma previsional no ha recogido las opiniones de los actores sociales involucrados.

Para Vidal, esta ley beneficia al modelo de las AFP y no a la mayoría de la población. Foto: Marco Cotrina/La República
Para Vidal, esta ley beneficia al modelo de las AFP y no a la mayoría de la población. Foto: Marco Cotrina/La República

Álvaro Vidal, abogado especialista en seguridad social, cuestiona la reforma previsional aprobada de forma irregular en el Congreso. Considera que se aleja de la solidaridad intergeneracional para convertirse en un "salvavidas" de las AFP. 32 años después, siguen las altas comisiones, grandes ganancias, pero se pagan bajas pensiones. 

El gobierno de Dina Boluarte promulgó la reforma de pensiones impulsada por Fuerza Popular en el Congreso, que incluye una pensión por consumo, la eliminación de los retiros AFP, entre otros cambios. ¿Cuáles son sus implicancias?

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— A diferencia de las reformas que se han hecho en países como Colombia, México y Chile, esta ley no establece un porcentaje de aporte del empleador. Como se ha evidenciado en la práctica, querer generar una pensión con el aporte del trabajador, no va a alcanzar y la experiencia comparada lo demuestra. Además, resulta llamativo e incluso, antitécnico, que se esté utilizando parte del IGV del impuesto al consumo para financiar pensiones en base a cuentas individuales. Lo que se ha hecho con esta reforma es darle un salvavidas a las AFP.

¿Considera, como dicen algunos especialistas, que esta ley privilegia el modelo de las AFP en detrimento del sistema público de pensiones?

— Sí. Esta reforma establece algunos mecanismos de financiamiento en base al IGV y también la obligatoriedad de los aportes de los trabajadores independientes, cuando era un sistema que ya claramente había fracasado. La mayoría de países, que en su momento tuvieron AFP, han transitado a sistemas públicos solidarios. Sin embargo, Perú es el único país que sigue insistiendo en un modelo que ha fracasado. Actualmente, hay más de 9 millones 400.000 afiliados a las AFP, pero solo reciben pensión de jubilación menos de 100.000 personas.

La pensión por consumo que defiende Keiko Fujimori y su bancada en el Congreso, ¿realmente es un avance o una irresponsabilidad fiscal?

— Además de ser una irresponsabilidad a nivel fiscal, el aporte para el consumo va a ser el 1% de las compras, con un tope de 8 UIT. Esto quiere decir, que cerca de S/400 al año no van a mejorar significativamente las pensiones tan paupérrimas que tienen los peruanos, pero sí van a incrementar el fondo del cual las AFP van a cobrar su comisión. Repito, lo que se está haciendo con esto, es tirar un salvavidas a los dueños del AFP para que se siga manteniendo este negocio en detrimento de la mayoría de personas adultas mayores que en el país no tienen una pensión.

Otro de los argumentos de los defensores de la reforma, es que va a permitir el ingreso de más competidores para administrar los fondos...

— El sector financiero del Perú es altamente concentrado, oligopólico. No hay realmente competencia. Son cuatro grupos financieros los que dominan el sector bancario, de seguros y AFP. En realidad, esta reforma es plantear un esquema donde los mismos de siempre siguen manejando estos recursos, que son de los trabajadores, y que deberían tener una gestión de carácter técnico, como ocurre en la mayoría de países, pero también con autonomía de los intereses privados y políticos de turno. Lamentablemente, lo que está haciendo ahora la mayoría del Congreso es completar una tarea que ellos iniciaron en los 90s, que fue trasladar los recursos de la seguridad social al sector financiero, en beneficio de unos pocos y afectando a la gran mayoría de peruanos, que no tienen una pensión en el Perú.

—Con esta reforma, los trabajadores menores de 40 años no van a poder retirar el 95,5% de sus fondos...

—Usualmente, se ha recurrido al sistema de pensiones para cubrir situaciones de pérdida de empleo. En el Perú tenemos un grave problema que es la inexistencia de un seguro de desempleo. Ante ese vacío, se ha recurrido al uso de los fondos de pensiones. Distinto sería que el sistema se financie también con aporte del empleador y del Estado.

Macroconsult señala, que para el 2070, todos los adultos mayores gozarán de una pensión con esta reforma previsional. ¿Realmente se mejorará la cobertura con esta nueva ley?

— Toda reforma de pensiones debería sustentarse en un estudio financiero actuarial. Recordemos que el Perú ha suscrito el Convenio 102, que es la norma mínima de Seguridad Social. Sin embargo, esta reforma no tiene como sustento un estudio serio. Estas estimaciones que menciona Macro Consult hay que tomarlas con cuidado.

¿Cuál será el impacto que tendrá establecer una tasa de aporte obligatoria a los trabajadores independientes?

— En el Perú ya se intentó hacer eso en la reforma del 2012 que se implementó a partir del siguiente año. Hubo un gran cuestionamiento y protesta de los trabajadores porque tengamos en cuenta que el nivel de ingresos promedio de los independientes es menor que los que están en planilla. Pretender aplicar un descuento adicional, además del impuesto a la renta, va a generar un mayor malestar con el nivel de ingreso que tienen. Esto nos revela que un sistema de pensiones no se puede financiar solamente con aportes del trabajador.

¿Qué verdaderos cambios necesita el sistema de pensiones para garantizar una jubilación digna?

— Falta un componente importante que es el aporte de las empresas. Esto no ocurre en el Perú, porque en la reforma que se hizo en los 90s se trasladó todo a los trabajadores. Entonces, se requiere un debate nacional, en un contexto más democrático porque lamentablemente, se ha hecho una reforma a espaldas de la gente. Básicamente, se han tomado la mayoría de las propuestas de la Asociación de AFP y no escuchando a los gremios laborales, organizaciones de adultos mayores, especialistas ni a los representantes de los propios afiliados.

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