Anuncian reajuste a ley agraria ante pedido empresarial

La ley de promoción agraria (Ley 27360), gestada en el ocaso del régimen de Alberto Fujimori como una medida temporal, estuvo vigente hasta fines del 2020 y fue derogada por el rechazo social, especialmente de los trabajadores de la agroexportación que, durante años, exigieron mejoras salariales considerando el boom y las facilidades tributarias que les daba a las empresas esta norma —coloquialmente llamada también ley Chlimper—.

El expresidente Francisco Sagasti promulgó una ley remitida desde el Congreso, en la que se fijaba que la mano de obra agroexportadora participe del 5% de las utilidades de las empresas, y progresivamente, esta subiría al 10% recién en 2027; además de percibir la CTS, gratificaciones, un bono especial del 30% de la remuneración básica y vacaciones, principalmente.

En tanto, las empresas ya no iban a gozar eternamente de pagar apenas el 15% del Impuesto a la Renta, sino, de acoplarse al 29,5% como rige para el resto, aunque este ratio iba a alcanzarse paulatinamente en 2028.

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¿Se quieren congraciar?

Antes de la CADE, el ministro de Economía, Alex Contreras, reconoció que la derogación de la ley Chlimper “fue nefasta para el sector agroexportador” y le generó “un daño estructural” que limitó sus capacidades, por lo cual, la gestión de Dina Boluarte iba a proponer “algunos cambios normativos” para esta actividad.

Incluso, en materia laboral, dijo que se mantendrá hasta el 2025 el aporte de 6% que debe hacer el empleador a Essalud sobre la remuneración del trabajador; según la ley firmada por Sagasti, en algunas compañías, la tasa para este año debería estar en 8% y en 9% hacia 2028.

Ya en la convención cadeísta, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, adelantó que apostarán por un paquete de incentivos tributarios para “dinamizar la inversión y el empleo” en sectores clave como la agroexportación.

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Y, en la jornada de ayer, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, sostuvo que como Estado deberán ser facilitadores para llegar a nuevos mercados, por lo cual “desenredarán la gestión pública” para cortar plazos y, en relación con la recién concebida ley agraria, han firmado un convenio con el Banco Central de Reserva (BCRP) para evaluar su impacto, y, a raíz de ello, impulsar cambios.

Los anuncios ministeriales llegan en un contexto donde el sector agroexportador, en voz de Gabriel Amaro, de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), considera que los cambios normativos de hace tres años no beneficiaron al productor y se elaboró con un sesgo ideológico, populista y político.

Números para contrastar

La titular del Midagri recordó en su exposición que el boom agroexportador de los últimos 20 años permitió pasar de US$758 millones a US$10.421 millones en 2022, colocándose como el segundo sector generador de divisas y gozar de una tasa promedio anual de crecimiento del 12%. Incluso con la ley criticada por las empresas, las cifras de este rubro no dejaron de elevarse, de acuerdo a las cifras oficiales.

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Cifras

15% pagan en IR las agroexportadoras. El general es de 29,5%.

S/533 era el ingreso promedio de un empleado sin contrato.

Reacciones

Jennifer Contreras, ministra de Desarrollo Agrario y Riego

“Necesitamos alianza con ustedes (privados) que reconocen las debilidades de las entidades (estatales). La ley de promoción agraria que fue derogada permitió crecer en agroexportación”.

Gabriel Amaro, presidente de AGAP

“En los 90 se arregló al país quebrado y en 2000 se creó una ley de promoción agraria que fue derogada en 2020 por una ley agraria que no tiene nada que ver con el productor agrario”.