Pescadores artesanales y de menor escala acatarán paro en contra de la Ley 196

Los pescadores del puerto de Chimbote han comunicado que acatarán un paro este martes 15 de noviembre en señal de protesta contra la Ley 196, aprobada por el Congreso de la República, ya que, según indican, busca criminalizar sus actividades.

Joaquín Cruz Navarro, dirigente del gremio de pescadores de menor escala y artesanales del puerto de Chimbote, afirmó a Perupesquero que dicha norma no solo limita sus actividades, sino que recorta el derecho al trabajo, además, involucra a una actividad ancestral en actos delictivos.

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“No somos delincuentes, somos pescadores que trabajamos a sol y sombra, enfrentándonos a la bravura del mar para extraer el pescado que alimenta a la mesa popular chimbotana, y también al consumo humano, conserva, corte primario y seco salado. Pero eso no le importa a este Congreso, que escucha solo a las ONG, pero a los pescadores no, ¿acaso por qué no repartimos plata como las transnacionales?”, sostuvo Cruz Navarro.

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Sin embargo, el abogado Percy Grandez explica que esta interpretación no es del todo correcta. Ya que esta ley ha sido pensada para enfrentar con mayores herramientas a los líderes, financistas y miembros de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de especies.

Por lo tanto, no ha sido planteada para enfrentar a pescadores artesanales por pescar determinados kilos de un recurso hidrobiológico sin considerar las tallas mínimas o periodos de veda, o por pescar sin contar con un permiso de pesca.

“El avance que trae consigo la ley recién aprobada es la incorporación de una nueva agravante: cometer el delito de extracción o tráfico ilegal de especies como miembro de una organización criminal. En este último supuesto la pena no será de siete años, sino de hasta 20 años,” precisa Grandez.

El especialista recuerda que los delitos pesqueros son delitos de mera infracción normativa. Por lo tanto, basta que se cometa una infracción administrativa, para que esta conducta constituya, a su vez, un delito ambiental.

Por ejemplo, puede que un pescador cometa una infracción administrativa y también el delito de extracción o tráfico ilegal de especies acuáticas, pero no por eso va a ser tratado como miembro de una organización criminal, sino que se le aplicará las reglas de un proceso común en donde la pena es de hasta cinco años y que, por lo general, suele concluir con un acuerdo de terminación anticipada, precisa Grandez.

Por su parte, el Ministerio de la Producción señaló, en un comunicado, que tanto pescadores, armadores, empresarios y legisladores deben unir esfuerzos para “llegar a soluciones que permitan fortalecer el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas, y armonizarlas con una adecuada política de conservación y sostenibilidad de nuestros recursos hidrobiológicos, vitales como despensa alimentaría.”

La entidad recordó que existen procesos de formalización pendientes y que resulta necesaria su continuidad a fin de garantizar la preservación de los recursos hidrobiológicos, por lo que sostuvo que es indispensable el diálogo y al debate entre todos los actores a fin de precisar y enriquecer la propuesta legislativa en pugna.