Nueva ley general de pesca: 8 claves para entender la propuesta
Esta semana se podría aprobar la propuesta de ley que busca asegurar la sostenibilidad de las pesquerías y de sus recursos. Conoce aquí los aspectos más resaltantes de esta iniciativa.
La actual Ley General de Pesca tiene 30 años de vigencia y hay varios aspectos que ya se encuentran desfasados o requieren de necesarias actualizaciones o mejoras normativas a fin de asegurar la sostenibilidad de las pesquerías, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
El texto sustitutorio del proyecto de la nueva Ley General de Pesca tiene varios puntos destacables y se encuentra en la Comisión de Producción del Congreso a la espera de ser aprobado antes de que termine la actual legislatura. A continuación, te detallamos ocho puntos claves para entender la propuesta según la SPDA.
1. Fortalece la participación ciudadana y transparenta la información pública
Los principales sectores económicos cuentan con normas orientadas a promover la participación ciudadana en sus respectivos sectores. Ello no ocurre con el sector pesquero, el cual no cuenta con norma alguna que establezca mecanismos de participación ciudadana en el ámbito de la fiscalización pesquera, certificación ambiental, diseño normativo, etc.
En ese sentido, el proyecto de ley propone que los Gobiernos regionales, el Ministerio de la Producción y sus organismos adscritos, según corresponda, publiquen y difundan de manera permanente y actualizada información relevante para el sector. Además, ordena que, en un plazo de 90 días tras la aprobación del reglamento de la ley, el Ministerio de la Producción apruebe un reglamento de participación ciudadana para el sector pesquero.
2. Crea el Consejo Nacional de Pesca
El Consejo Nacional de Pesca, como un órgano de carácter consultivo, tendrá como función elaborar recomendaciones de mejora normativa, o de diseño o implementación de políticas públicas pesqueras. Estará conformado por representantes del Poder Ejecutivo, Gobiernos regionales, gremios de pescadores artesanales, gremios industriales, entre otros actores claves del sector.
3. Incorpora la categoría de recurso “sobreexplotado”
En nuestra legislación, los grados de explotación normados son los siguientes: inexplotado, subexplotado, plenamente explotado y en recuperación. Sin embargo, a diferencia de otros países, como Chile o México, nuestra normativa no considera la categoría de “sobreexplotado” (cuando la pesca ha sobrepasado la capacidad natural de recuperación de la población). En ese sentido, este proyecto de ley propone la incorporación de dicha categoría a fin de visibilizar el estado real de algunas pesquerías y se puedan adoptar medidas urgentes.
4. Protege las cinco millas marinas
Una de las principales amenazas que experimenta la pesca artesanal es la falta de ordenamiento de las cinco millas y el uso de artes de pesca de alto impacto (como las redes de cerco), pues ponen en riesgo la sostenibilidad de las pesquerías.
En ese sentido, este proyecto de ley propone prohibir la pesca con todo tipo de redes, de cerco o arrastre, dentro de las primeras cinco millas, con excepción de aquellas que sean operadas única y directamente mediante el empleo de la fuerza manual, sin asistencia de ningún sistema mecanizado.
5. Estandariza los plazos de vigencia de los permisos de pesca
De acuerdo con el artículo 42 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), los permisos de pesca tienen una vigencia indeterminada, salvo que por ley especial se establezca que tienen un plazo determinado de vigencia.
El hecho de que no exista un plazo debidamente fijado en la actual Ley General de Pesca ha generado que el Ministerio de la Producción y cada Gobierno regional fijen plazos diversos sin que exista objetividad, uniformidad ni estandarización de criterios al momento de establecerlos. En ese sentido, se propone incorporar un plazo de vigencia determinado de hasta 10 años, el cual, por cierto, tiene carácter renovable.
6. Promueve la creación e implementación de zonas de reserva pesquera
Es necesario abordar estrategias de manejo pesquero con enfoque ecosistémico que respondan a las características y necesidades de determinados lugares. Por ello, resulta clave promover la creación e implementación de zonas de reserva (que no son áreas naturales protegidas) como herramientas de manejo pesquero que permitan asegurar la sostenibilidad de las pesquerías, al igual que lo han hecho otros países: México (zonas de refugio pesquero), Costa Rica (áreas marinas de pesca responsable), etc.
En ese sentido, el proyecto de ley plantea que el Produce pueda promover la creación e implementación de estas zonas destinadas a la conservación de los hábitats acuáticos que son esenciales para la reproducción, desove, cría, crecimiento y reclutamiento de los recursos como estrategia de manejo pesquero para asegurar sostenibilidad.
7. Incorpora al Código Penal el delito de “actos preparatorios de la pesca ilegal”
Debido a un incremento del 54% en el número de embarcaciones entre los años 1995 y 2005, desde el 2006, el Estado ha prohibido la construcción de nuevas embarcaciones pesqueras artesanales y de menor escala. Sin embargo, pese a dicha prohibición, se continúan construyendo embarcaciones en astilleros que, por lo general, operan en forma clandestina al instalarse en corralones, depósitos, etc.
A fin de poder castigar penalmente a los operadores de los astilleros ilegales, que constituyen el primer eslabón de la pesca ilegal, el proyecto de ley propone la incorporación del “delito de actos preparatorios de la pesca ilegal”. Este tipo penal castiga con hasta cinco años de pena privativa de la libertad a quien construye, almacena, transporta, adquiere o facilita la construcción de una embarcación durante periodos de prohibición.
8. Fortalece la fiscalización pesquera
Se busca evitar un nuevo ‘paquetazo pesquero’, como el Decreto Supremo 007-2022-PRODUCE, que disminuye las multas impuestas por haber cometido infracciones pesqueras hasta en un 90%. Además, se busca generar predictibilidad y seguridad jurídica, crear el Registro Nacional de Infractores Pesqueros, asegurar el cumplimiento de las tallas mínimas y vedas, consolidar la potestad sancionadora de los GORE y asegurar que la responsabilidad administrativa en materia pesquera sea objetiva.
