Congreso propone que se deriven recursos del canon a la reactivación económica de las mypes
Los gobiernos regionales reciben ingresos por canon equivalentes a los S/ 3.200 millones por año y solo logran ejecutar un promedio de 33%, por eso resulta conveniente que tengan la posibilidad de destinar parte de los recursos a los micro y pequeños empresarios.
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El último viernes 27 de mayo, la congresista Silvia Monteza de la bancada de Acción Popular presentó el proyecto de ley que modifica la Ley de Canon para autorizar a los gobiernos regionales a que utilicen los recursos de este en sus respectivas jurisdicciones. De esta manera, quieren promover el financiamiento empresarial, especialmente de las micro y pequeñas empresas.
Se señala que los gobiernos regionales reciben ingresos por canon equivalentes a los S/ 3.200 millones por año y solo logran ejecutar un promedio de 33%, por eso resulta conveniente que tengan la posibilidad de destinar recursos del canon a través de fideicomisos para garantizar operaciones de negociación de facturas y letras de cambio, así como las garantías para créditos de capital de trabajo y adquisición de activos fijos.
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Dentro de la exposición de motivos se señala que los gobiernos regionales y locales tiene un compromiso con las empresas de su región en promoverlas y apoyarlas en su gestión empresarial, de acuerdo a sus competencias, más aún cuando se presentan momentos difíciles como los que estamos viviendo.
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Por ejemplo, en todo el Perú se presenta un disminución empresarial entre 2019 y 2020, en Lima retrocedió en -24,1%, en Cusco -26,4%, y en Tumbes fue -34,4%. Así, todas las regiones registraron un retroceso.
Se explica que para frenar la “mortandad” de las empresas en el país es necesario que el Estado asuma un rol promotor y apoye la reactivación empresarial, ya que los créditos otorgados durante la pandemia no han logrado cubrir las necesidades de las mypes y, aquellas que sí accedieron a estos, hoy atraviesan problemas de liquidez.
De aprobarse el proyecto, se contaría con un plazo de 30 días calendario para la adecuación del reglamento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de la Producción.
