Economía

Lote 192: comunidades nativas exigen pronta reactivación de operaciones

La Organización Interétnica del Alto Pastaza consideró que las disputas entre el Minem, Petroperú, Perupetro y Altamesa minan la confianza depositada en un principio.

Lote 192. En condiciones normales, el contrato de Frontera debió terminar en agosto del 2017, tiempo necesario para preparar el ingreso de Petroperú. Foto: difusión
Lote 192. En condiciones normales, el contrato de Frontera debió terminar en agosto del 2017, tiempo necesario para preparar el ingreso de Petroperú. Foto: difusión

Ante la falta de consenso entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Petroperú, Perupetro y Altamesa respecto al retorno de operaciones en el Lote 192, desde la Organización Interétnica del Alto Pastaza (ORIAP) advierten que hay “una profunda preocupación” por la incertidumbre en torno a este activo.

“Los repetidos anuncios a las comunidades por parte de los personeros del Estado de una pronta reactivación de las actividades en el Lote, han resultado engañosos”, reza un comunicado de la ORIAP.

Asimismo, señalan que “la espiral de acusaciones” entre las entidades ligadas al Lote 192 ponen en tela de juicio la confianza depositada inicialmente por las comunidades locales, al punto que las comunidades base de ORIAP “están perdiendo la paciencia y no van a esperar indefinidamente que el Estado decida cumplir su compromiso de operar o hacer operar el lote”.

“Nuestra autorización no es definitiva ni imprescriptible”, añaden.

Por otro lado, exigen la rápida remediación de los pasivos ambientales dejados por Pluspetrol, la modificación del Reglamento de la Junta de Administración de PROFONANMPE, el cierre de brechas de servicios, un fondo social equiparable en proporción al de otros lotes de Loreto y la modificación de la ley de Canon petrolero en dicha región.

Finalmente, recalcaron que pese a Petroperú tiene la autorización para intervenir, cualquier operador privado que busque acceder a las tierras de los pueblos quichuas y achuares deberá coordinar previamente con las comunidades. “En ningún momento el Estado fue facultado a invitar a casa ajena a terceros”, apuntaron.