Advierten que más de 5.000 personas se ven perjudicadas por bloqueo en Cuajone
No obstante, los comuneros han ratificado su intención de diálogo siempre y cuando esta se desarrolle con “absoluta transparencia e igualdad de condiciones”.
El bloqueo de la vía férrea y del suministro de agua al campamento de la unidad minera Cuajone de Southern Copper, en Moquegua, estaría “poniendo en peligro la vida y la salud de más de 5.000 personas”, según palabras de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
A través de un comunicado, ambos gremios calificaron como “actos delictivos” las manifestaciones que acatan desde el 11 de febrero los pobladores de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala en “defensa de sus terrenos”.
“Desde nuestras organizaciones reconocemos que si bien la protesta es un derecho, esta debe ser ejercida siempre dentro del marco legal vigente, sin acciones de violencia que afecten los derechos humanos de la población afectada y sin ser utilizada como una forma de extorsión”, declara la misiva enviada este último 21 de marzo.
En esa línea, las organizaciones exhortaron al Ejecutivo a contar con autoridades capaces de generar los espacios de diálogo para la prevención y gestión oportuna de los conflictos sociales, así como de garantizar, en el marco de sus funciones, el respeto del Estado de derecho.
“Exhortamos al Gobierno a dar una pronta solución y a tomar las medidas que le otorga la Constitución y las leyes para recuperar el orden público y la paz social, proteger los derechos fundamentales de las personas y de la actividad empresarial”, comentaron la Confiep y la SNMPE.
Cabe resaltar que, el último viernes 18 de marzo, la Comisión de Alto Nivel, donde participaron la Presidencia del Consejo de Ministros, la minera Southern Perú Copper (SPCC) y la comunidad, llegaron a un acuerdo para levantar la medida de fuerza en el reservorio de agua de Viña Blanca y la vía férrea de la mina Cuajone, entre otros.
No obstante, el acta fue rechazada un día después, puesto que, en palabras de Iván Mendoza, líder de la comunidad, el acuerdo no tomó en cuenta sus demandas, entre las que figuraba detener y archivar todos los procesos legales iniciados en contra de los comuneros.
“Esa acta está hecha por el Gobierno y la Southern, ellos trabajan de forma coludida. Por lo tanto, nosotros no vamos a levantar ninguna medida”, advirtió el dirigente a La República.
Por ello, han ratificado su intención de diálogo siempre y cuando esta se desarrolle con “absoluta transparencia e igualdad de condiciones” y participe el Gobierno central como moderador y el máximo representante de la minera.
