Gobierno allana el camino de nuevo shock tributario para la agroexportación

El pasado 8 de noviembre, la bancada de Perú Libre presentó el PL 658/2021-CR, proyecto de ley de la segunda reforma agraria (SRA), con el propósito de impulsar y tecnificar el agro desde una mirada integral, con un particular enfoque sobre el rol de las agroexportadoras y el régimen impositivo al que están sujetas. Tres meses después, el entonces congresista y hoy titular del sector, Oscar Zea, retoma el proyecto de su autoría.

Durante el primer consejo de ministros del gabinete Torres, el pasado 9 de febrero, el flamante titular de Agricultura se refirió a los agroexportadores como “hermanos” y dijo que van a trabajar de la mano con los pequeños agricultores para llevar lo que producen y cultivar a los mercados, pero a cambio de incentivos tributarios de acuerdo al porcentaje de producción. Para ello, consideró vital destrabar la autógrafa de ley en el Congreso.

”El mercado representa un desafío. Por ello, lo que nuestros productores necesitan son mercados y los hermanos empresarios, los agroexportadores, que conocen el mercado en el proceso de exportación, los podrán conectar con dichos mercados”, relató Zea.

Sin embargo, para los productores, esta declaración representa un “verdadero despropósito”. La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) asegura que se está utilizando la segunda reforma agraria para proyectos con intereses propios que no han recibido la venia de las organizaciones del interior del país; una iniciativa desahuciada por la falta de pluralidad con los principales agentes de la verdadera reforma del sector: los agricultores.

”Devolverle privilegios a la agroexportación, a partir de pseudocapacitaciones, no es pertinente. Es un desconocimiento total del sector, no hay disposición de normar el funcionamiento de las cooperativas para generar condiciones de competitividad. Ya quisieran esas cooperativas tener los beneficios tributarios que ofrece el señor Zea. Cuando hablamos de leyes, deben ser para todos”, sostuvo Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro.

Buscan sinergias

Para la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), la propuesta (capacitaciones, trabajo conjunto) es un frente que el gremio ya viene impulsando desde hace unos cuatro años con diferentes ministros y gobiernos.

”Todo aquello bueno que ya tiene la agricultura familiar ponerlo en matrimonio con las empresas agroindustriales, que se viene dando en algunos cultivos no al ritmo que se necesita, la idea es que el Estado dé un incentivo para que esta relación se dé, pero esto tiene que estar condicionado a que la empresa brinde la transferencia de tecnología, conocimiento y acceso a insumos, y que un porcentaje de sus ventas provenga de la pequeña agricultura, de forma también que haya muchas más empresas en el sector de las que hay hoy en día compitiendo con la agricultura familiar. Esa competencia tiene que traer condiciones más favorables para el agricultor”, señaló Alejandro Fuentes, presidente de AGAP.

Fuentes explicó que el incentivo tendría que ser sobre el IR, aunque no conoce los detalles de la propuesta. “Pero creo que debería ser escalonado en función a cuánto de las ventas de la empresa agroindustrial proviene de la agricultura familiar, mientras más, mayor incentivo, mientras menos, ninguno. Tiene que haber una relación que promueva realmente que el pequeño agroindustrial, por ejemplo el que hoy en día está en la costa, comience a trabajar no solo con el de la sierra, sino con el que tiene al costado literalmente”.

Abandonan la reforma agraria

Por Eduardo Zegarra, investigador GRADE

La primera declaración del ministro Zea se dirigió, explícitamente, al otorgamiento de posibles exoneraciones o beneficios tributarios al sector agroexportador, y planteó que sería un tema central de la SRA.

Ello es absolutamente contrario a lo que busca esta iniciativa, orientada a la agricultura familiar, comunera y cooperativa. La idea de un rol de las agroexportadoras para fomentar el trabajo que debería hacer el Estado con la pequeña agricultura, a cambio de generosos beneficios tributarios –que de por sí han tenido hace más de 20 años–, no tiene ningún sustento.

El sector agroexportador goza hoy de la Ley de Promoción Agraria, que le da beneficios tributarios de reducción a la mitad del IR y un régimen laboral totalmente flexible y antiderechos, donde existe una reducción del pago por Essalud de 9% a 6%, en contra del trabajador agrario.

Es un sector ya consolidado que no debería seguir recibiendo este tipo de ventajas. Todo eso configura un escenario de total incertidumbre sobre las intenciones del Gobierno con la agricultura, el inicio del abandono de la gran promesa que hiciera el presidente Castillo el pasado 3 de octubre. Se utiliza la SRA para proyectos con nombre propio.

Eso no está bien.