El Estado busca reducir los conflictos sociales

El Gobierno peruano mejorará el acceso a la información ambiental en favor de sociedad civil, especialmente de las poblaciones vulnerables, en lo relacionado a los proyectos extractivos.

13 Mar 2018 | 21:00 h

En el marco de la implementación del Principio 10 de la Declaración de Río, el Gobierno peruano y otros 23 países de la región se comprometieron a ratificar, mediante aprobación del Poder Legislativo, el denominado Acuerdo Escazú que elevará los estándares socio ambientales y mejorará el acceso a la información ambiental en favor de sociedad civil, especialmente de las poblaciones vulnerables, en lo relacionado a los proyectos extractivos.

El acuerdo también promueve la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, así como medidas para fortalecer la protección de los defensores de derechos ambientales.

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Durante la Novena Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, realizada en San José de Costa Rica, 24 países aprobaron el primer acuerdo regional vinculante en el mundo. De esta manera, el Perú se ha comprometido a implementar en su legislación los compromisos ambientales aprobados.

“Este acuerdo, complementa muy bien los avances que ha hecho el Estado peruano en materia de acceso a la información, participación ciudadana, y acceso a la justicia en asuntos ambientales, además de lograr una visión y acción regional en esta materia”, comentó Fernando León, viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente (Minam), quien formó parte de la delegación peruana.

Al respecto, Aida Gamboa, especialista de la Asociación Civil Derecho, ambiente y Recursos Naturales (DAR), señaló que “el acuerdo fortalece los avances que ha tenido Perú en políticas de acceso a la información y transparencia, además protegerá, si es ratificado por el Congreso de la República, a las poblaciones vulnerables y defensores indígenas, pues la vulneración de los derechos que promueve este acuerdo impacta en otros aspectos como la consulta previa, salud, medio ambiente sano, y territorio”.

“En los últimos años los conflictos sociales se han incrementado por la falta de acceso a información ambiental y la aprobación de este acuerdo implicará que la sociedad civil y pueblos indígenas accedan a la información relacionada a los proyectos extractivos, a las política y programas ambientales”, añadió Gamboa.

 

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