Vivir bajo el miedo

La tarde del martes 8 de marzo, Ángela Villón, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad, estaba intranquila. Ansiosa.

En las últimas semanas habían llegado a sus oídos amenazas de muerte provenientes de distintas bandas de extorsionadores de prostitutas.

Que la iban a “descuartizar”, que le iban a “arrancar la cabeza”, que prácticamente ya estaba “fría”. No se lo habían dicho directamente a ella, sino que le habían enviado los mensajes con otras trabajadoras sexuales.

Ángela lleva más de veinte años siendo la voz y el rostro de las meretrices peruanas. Reclamando por sus derechos, denunciando los abusos de los policías y serenos, exigiendo una ley que las reconozca ante el Estado.

Pero pocos momentos en el pasado han sido tan difíciles como el actual. Tres prostitutas asesinadas en un mes, dos más que se escaparon de milagro... Cientos de trabajadoras sexuales obligadas a pagar cupos bajo amenaza de terminar como cuerpos ensangrentados en las veredas. Conminadas a quedarse calladas.

Ángela es la única que no se ha quedado callada. La única que sale en los noticieros denunciando a los malos policías y pidiendo que las mafias sean desbaratadas cuanto antes.

Y, ahora, encima de todo, está acompañando a un grupo de trabajadoras sexuales que se ha armado de valor y ha denunciado a sus extorsionadores. Y eso le acaba de sumar una nueva amenaza. Velada, pero muy seria.

Esa tarde del martes 8, la presidenta de la asociación había quedado en asistir a la vigilia en memoria de Yicel V. B., la meretriz que fue asesinada el viernes 4 en Puente Nuevo. Pero no se atrevió a salir de su casa. Temía lo peor.

Denuncia peligrosa

Los problemas para Ángela comenzaron semanas antes de los asesinatos en Puente Nuevo y el Cercado de Lima. Comenzaron a finales de enero, cuando un grupo de trabajadoras sexuales de San Juan de Miraflores se animó a denunciar ante la Policía a sus extorsionadores.

Presentar la denuncia en la comisaría del distrito fue una odisea. Por momentos, parecía que los policías se esforzaban en desanimar a las denunciantes. Pero con ayuda de Ángela y sus contactos en el sector lograron hacerlo.

Sin embargo, no pasaron tres días y los delincuentes ya estaban enterados de quiénes los habían denunciado. Enviaron a sus secuaces a buscar a la principal denunciante a su domicilio y le contaron a su familia a qué se dedicaba y le dijeron que no sabía con quiénes se había metido. A la pobre mujer la botaron de su casa.

Las denunciantes han tenido que esconderse. Los extorsionadores las están buscando. Les han mandado a decir que no hagan nada más, que todo quede allí porque si no será peor.

El domingo 6, una meretriz de la zona marcó el número de Ángela. Al parecer, había sido enviada por los delincuentes. La mujer le dijo que se había metido en problemas, que no sabía con quiénes se había metido y que las personas a las que habían denunciado la iban a demandar a ella por difamación.

Ese día, Ángela se dijo que no podía más, que tenía que hacer algo. Alzó el teléfono y se comunicó con las autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Al día siguiente, un equipo legal de este portafolio la acompañó a poner una denuncia en la Fiscalía contra aquellos que resulten responsables de las amenazas en su contra.

–Tengo miedo de que haya un atentado contra mi vida –dice. –Y quiero que haya antecedentes de que denuncié lo que estaba pasando.

Ángela no es la única que tiene miedo. Las otras chicas sienten que están exponiendo su vida. Pero no van a dar marcha atrás.

–A mí me han atacado varias veces por no querer pagar –dice a Domingo una de las denunciantes de la mafia de San Juan de Miraflores–. Me han atacado con una botella, me han golpeado, me han pateado. A mis otras amigas igual. Nos decían que si no pagábamos, nos iban a matar. Ya no podíamos seguir así.

Muerte anunciada

En Puente Nuevo, uno de los escenarios donde en estas semanas se desató la violencia, se respira tensión, la sensación de que una tragedia puede ocurrir nuevamente.

–Las chicas están con miedo –dice una de las meretrices peruanas que trabaja en la zona–. Tenemos miedo de que nos caiga una bala perdida. O que empiecen a cobrarnos cupo a nosotras y que si no les pagamos nos asesinen.

En la zona trabajan unas cuarenta prostitutas peruanas y una veintena de extranjeras, entre venezolanas, ecuatorianas y colombianas. Tres de ellas fueron atacadas a balazos la noche del 22 de febrero, una de las cuales quedó herida. Diez días después, otra, Yicel V. B., de nacionalidad colombiana, fue la elegida. Dos balazos acabaron con su vida.

Ángela Villón había conocido a Yicel, algunas semanas antes, cuando fue a dar una de sus charlas sobre salud sexual y sobre cómo actuar cuando son detenidas por la Policía.

–Le decíamos la Beba porque tenía carita de niña –dice. –“Señora”, me dijo esa vez, “aquí viene la Policía y me dice que sí estoy cometiendo delito porque soy extranjera, me suben al patrullero, me hacen dar vueltas, tengo que darles sexo y encima me quitan la plata”.

La muchacha de 19 años le contó que cuando llegaba el extorsionador, el “papi” en la jerga del trabajo sexual”, ella ya no tenía dinero para darle, pero que él no entendía razones.

–Yo le ofrecí que podíamos llevarla a un lugar seguro, pero ella me dijo que el tipo le había dicho que no se moviera de allí porque adonde ella fuera, él la iba a encontrar y la iba a matar.

La noche del viernes 4, Ángela estaba en Iquitos, dando charlas a las trabajadoras sexuales de esa ciudad, cuando le contaron que a la Beba la habían matado. Se echó a llorar y la mañana siguiente voló de regreso a Lima.

El martes 8 quería ir a la vigilia en su memoria en Puente Nuevo. Pero no se atrevió. Estaba intranquila, ansiosa. Y tenía miedo.

“Se necesita una ley”

Según Ximena Salazar, investigadora en temas de sexualidad de la UPCH, se necesita una ley que reconozca el trabajo sexual y que permita la creación de zonas de tolerancia dentro de la ciudad, lo que reduciría los casos de explotación sexual y trata de mujeres.

“Podrían ser espacios con puestos fijos de la Policía y el Serenazgo adonde las trabajadoras sexuales puedan acudir con toda autoridad a denunciar robos o intentos de extorsión”, dice.