Alianza Lima, Universitario y Cienciano denunciaron a jueces que emitieron la medida cautelar
A una semana para que empiece la Liga 1, la polémica por los derechos de televisión no tiene cuándo acabar y acaba de sumar un nuevo capítulo.
La disputa por los derechos de televisión aún está lejos de culminar. Luego que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) pidiese al Poder Judicial unos pequeños ajustes en la medida cautelar, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano del Cusco denunciaron penalmente al juez Juan Gustavo Varillas Solano, quien emitió esta sorpresiva resolución a favor del máximo ente del fútbol peruano, con la cual se impide a todos los equipos transmitir sus partidos por los canales de TV.
En el documento se puede leer que, en el transcurso de la investigación, la celeridad y parcialidad con la que viene resolviendo el cuestionado juez no solo afecta a los clubes mencionados, sino que resulta contraria a las funciones y garantías que se debe cumplir en un proceso, constituyendo este último punto “un indicio de favorecimiento irregular”.
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Asimismo, señalan en la denuncia que “hay una evidente parcialización con los intereses de Agustín Lozano, lo que nos llevaría a deducir que existe un acuerdo ilegítimo de favorecimiento, es decir, un acto de corrupción, teniendo en cuenta además los antecedentes de ambos personajes. Se está dando un abuso del cargo por parte de Juan Gustavo Varillas Solano (magistrado) y Juan Merino Bustamante (especialista legal a cargo del expediente). Ambos han concedido una medida cautelar absolutamente desproporcionada en perjuicio de los clubes de fútbol profesional, sin motivar adecuadamente los presupuestos que toda medida cautelar debe ostentar para poder ser concedida”.
Por último, puntualizan que “como es de público conocimiento, la FPF ha solicitado la variación de la medida cautelar para que cualquiera que quiera transmitir los partidos de fútbol previamente deban contar con la autorización de la FPF, existiendo un claro y evidente vicio en la tramitación de la medida cautelar, así como la instrumentalización del poder judicial para que, mediante operadores que lindan con hechos de corrupción como Juan Gustavo Varillas Solano (Magistrado) Y Juan Merino Bustamante (Especialista Legal), accedan a sus requerimientos, es decir, se pide una resolución que previamente ya estaría acordada por debajo de la mesa perjudicando aún más a los clubes” (sic).
