
Buenos Aires. La justicia de Estados Unidos ordenó el congelamiento de US$280 millones relacionados a la criptomoneda $Libra, promocionada en febrero por el presidente argentino Javier Milei, y que hoy es investigada como una presunta estafa financiera global que afectó a más de 75.000 personas.
El fallo, emitido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y redactado por la jueza Jennifer Louise Rochon, calificó la medida como “una victoria crucial para las víctimas del fraude de criptomonedas $Libra”. El caso involucra directamente al empresario estadounidense Hyden Mark Davis, a su padre, hermano y otros promotores que, según la demanda, aprovecharon el respaldo público de Milei para dar legitimidad al token.
El 14 de febrero de 2025, tras un posteo de Javier Milei en redes sociales, el valor de $Libra se disparó desde cero para luego desplomarse horas más tarde. Según la acusación, la jugada permitió que un grupo reducido que compró justo antes del anuncio presidencial obtuviera ganancias millonarias, mientras que miles de inversores lo perdieron todo. La denuncia sostiene que el respaldo presidencial generó una apariencia de confianza y atractivo financiero artificial.
Si bien Milei y otros argentinos no fueron formalmente acusados por la justicia estadounidense —para evitar trabas diplomáticas o jurisdiccionales—, el escándalo generó un sismo político en Argentina. La oposición cuestiona el rol del presidente, que no solo promocionó el activo digital, sino que además recibió a Davis y otros responsables del proyecto cripto en la residencia presidencial de Olivos antes del lanzamiento. También se le reprocha que su publicación incluyera un enlace directo al token, que no era público en ese momento.
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Al ser consultado, Milei se defendió afirmando que solo impulsó una inversión privada dentro del universo cripto y relativizó su responsabilidad: “Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”.
En Estados Unidos, la demanda colectiva pasó al fuero federal y se unificó con otra similar contra Davis. Los abogados afirman que se trató de un esquema clásico de pump and dump, basado en aprovechar el capital político y mediático del presidente argentino.
En paralelo, la justicia argentina también investiga. La jueza María Servini, bajo secreto de sumario, solicitó al Banco Central de la República Argentina información sobre las cuentas bancarias y movimientos financieros de Javier Milei, su hermana Karina (actual secretaria general de la presidencia) y otros tres sospechosos. La fiscalía también pidió datos de las operadoras telefónicas para rastrear comunicaciones y geolocalizaciones vinculadas a Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, responsables locales del token.
Tras el estallido del escándalo, el Gobierno anunció la creación de una comisión investigadora bajo el Ministerio de Justicia, que fue cerrada discretamente hace dos semanas sin presentar informe alguno. La oposición denunció la maniobra y amenaza con impulsar una comisión investigadora en el Congreso, bloqueada hasta el momento por el oficialismo.

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