Economía en peligro. Presidente de Conaco plantea al gobierno tipificar este delito como terrorismo urbano para incrementar las penas carcelarias.,Alexi Velásquez S. La llamada "industria de la extorsión" constituye actualmente uno de los peores peligros que afrontan los hombres de negocios en el Perú. Y es que ya no solo golpea a los grandes inversionistas, sino, también, con mucha más fuerza a pequeños y microempresarios, denunció ayer el presidente de la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco), Moisés Miese Valencia. "Solo en Lima existen más de cien bandas de extorsionadores, muchas de ellas dirigidas por reos desde diferentes penales...", precisó el directivo, tras indicar que a nivel nacional, grupos como estos suelen recaudar mensualmente más de 50 millones de soles con amenazas de muerte. Miese Valencia refirió que las compañías constructoras ya no son las principales afectadas por el accionar de los extorsionadores en el país. Ahora, dijo, los más perjudicados son los comerciantes emergentes, dueños de restaurantes, ferreterías, librerías, teatros, cines y hasta de pequeñas bodegas. Lamentó que el gobierno no tenga una estrategia definida para encarar este serio problema que atenta contra la libertad de empresa y, sobre todo, contra la economía peruana. Puestos en juego "Hay muchos puestos de trabajo en juego...", subrayó el presidente de Conaco y añadió que, por temor, el 30% de las personas que son objeto de extorsión se han visto obligadas a traspasar o cerrar sus negocios en los últimos años. Los delincuentes, según Miese Valencia, recurren al uso de redes sociales, teléfonos celulares y envios postales, entre otros medios, para amedrentar a las víctimas y demandar el pago de cupos. Pasan luego al uso de armas de fuego y explosivos, poniendo en grave riesgo la vida y los bienes de aquellos que se niegan a cumplir con sus exigencias. Ante esta situación, el directivo de la Conaco planteó al gobierno endurecer las penas carcelarias contra quienes han hecho de la extorsión un 'rentable negocio'. También sugirió tipificar este tipo de extorsiones como 'terrorismo urbano', por generar desestabilización económica, como las que originaban las organizaciones extremistas en el pasado. Miese Valencia recomendó, además al Estado, la urgente creación de un comando especial de inteligencia operativa, dedicado exclusivamente a combatir este delito. A su juicio, la Dirección de Investigación Criminal, con el llamado Grupo Génesis, no se abastecen porque tienen que combatir otros delitos. Rastreo de teléfonos Esta nueva unidad táctica –planteó el directivo– debería estar comandada directamente por el Ministerio del Interior y disponer de equipos de interceptación telefónica similares a los que posee la Dirandro para rastrear las llamadas de los extorsionadores, que salen muchas veces de las propias cárceles del país. "Ni siquiera yo estoy a salvo. También recibo telefonemas o sobres manilas con mensajes intimidantes", afirmó. En la larga lista de empresarios afectados también figura Jorge Luis Lizama, presidente del directorio de la compañía Rin Red, con sede en Ate Vitarte. Ni él ni Moisés Mieses han aceptado pagar los cupos que le exigen a las bandas de extorsionadores. Sin embargo, temen por sus vidas. Caso reciente El 20 de marzo pasado delincuentes hicieron estallar una granada de guerra en el frontis de la vivienda del microempresario Julio César García (56), en la cuadra 1 del jirón Saturno, Urb. Sol de Oro, Los Olivos. La explosión daño tres autos del agraviado y causó destrozos en el predio. Todo porque no pagó cupos.
