El jefe del INPE, Julio Magán, ha advertido que la ley está sobrepoblando las cárceles. ,Desde que entró en vigencia el decreto legislativo 1194, que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia, el Poder Judicial ha registrado alrededor de 800 casos de flagrancia en Lima y Callao en los primeros 90 días de aplicación de la norma. PUEDES VER: La flagrancia, una ley que puede llevar a la cárcel en media hora Sobre esta medida ha habido tanto detractores como partidarios. Uno de los más grandes críticos a la norma es el jefe del INPE, Julio Magán, quien ha advertido que los fallos del Poder Judicial, en base a la Ley de Flagrancia, están llenando las cárceles con internos de delitos menores. Ante esto, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, Juan Carlos Eguren, anunció que la Ley de Flagrancia sufrirá modificaciones para que evitar que las penas que se impongan sean desproporcionadas. El problema radica en que los delitos como hurto, robo, conducir en estado de ebriedad, deudas por pensiones alimenticias y resistencias a la autoridad han producido sentencias, incluso con penas privativas de la libertad, que no tienen relación con la falta cometida. “De lo que se trata es de modificar esta norma para que las penas guarden proporcionalidad con los delitos cometidos”, señaló Eguren al diario Correo. Añadió que las sanciones para los delitos pueden ser con trabajos comunitarios. Como se recuerda, uno de los primeros casos en el que el Poder Judicial dictó sentencia bajo el proceso inmediato de flagrancia tuvo como protagonista a Sandra Buscaglia, quien tendrá que pasar 6 años y 8 meses tras las rejas por golpear e insultar a un policía.