
El último sábado 13 de junio, agentes del serenazgo intervinieron a un adolescente de 17 años que soñaba con estudiar una carrera universitaria y lo entregaron a la Policía por una infracción a la ley penal.
Los efectivos de la comisaría de Manchay lo retuvieron y, entonces, lo llevaron a los calabozos de la dependencia, en la jurisdicción del distrito limeño de Pachacámac. Horas después, fue hallado muerto.
La versión policial indicó que se trató de un suicidio: desde la comisaría describieron que el muchacho había sido encontrado en los servicios higiénicos con un hilo alrededor de su cuello. Sin embargo, la familia del adolescente fallecido, desde un primer momento, desconfió de esa versión y cuestionó el accionar policial.
La autopsia, realizada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, determinó que la causa de la muerte fue por asfixia mecánica por ahorcamiento y que el agente causante fue un elemento constrictor cervical. Previamente, un médico legista había señalado que el menor tenía equimosis (moretones) en distintas partes del cuerpo.
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Pero, ¿qué sucedió en la ‘sala de meditación’ antes de que el menor fuera hallado ahorcado? ¿Fue homicidio o suicidio? ¿Por qué ocurrió en una dependencia donde, se supone, todos los ciudadanos deberían estar protegidos?
¿Por qué el Sinadef ha clasificado la causa del deceso como “no se conoce”? ¿Será ‘ignorada’, como ha ocurrido con otras muertes violentas?
La República tuvo acceso a actas fiscales y policiales que están en proceso de investigación y que permitirán esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió en las horas previas al deceso del menor.
A las 8.49 a. m. del 14 de junio, la fiscal Micaela Guzmán Machado se comunicó, vía WhatsApp, con el suboficial de segunda Diego Gálvez Quispe, de la comisaría de Manchay, en relación con las investigaciones contra el adolescente por presunta infracción contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, en agravio de Aida Rojas Bravo (40), y contra la libertad (violación de domicilio), en agravio de Gregoria Eva Nonalaya Huamán (65).
La representante del Ministerio Público coordinó también con un abogado defensor público, ya que el menor investigado no tenía abogado particular.
LAS DILIGENCIAS PREVIAS AL DECESO
El suboficial le dijo que la agraviada por hurto no había concurrido a la comisaría pese a que estaba citada para las 8.00 a. m. para su declaración. La fiscal llamó a la señora y esta le dijo que no podía dejar solos a sus hijos y que podía ir por la tarde. La citaron para las 2.00 p. m.
Luego, a las 12.19 horas, el suboficial señaló a la fiscal que la segunda citada —para las 10.00 a. m. y 11.00 a. m.— tampoco había concurrido a la comisaría. Sin embargo, participó virtualmente a las 15.15 horas. Aida Rojas también estuvo en la visualización del video de una cámara de vigilancia. Esta diligencia se realizó a las 17.05 horas.
A las 19.50 horas, el suboficial de segunda Diego Gálvez Quispe dijo que de la declaración del menor y la Inspección Técnico Policial (ITP) se iba a hacer cargo el suboficial de tercera PNP Camarena.
Asimismo, señaló que la agraviada por hurto solicitó que se le entreguen sus bienes, lo que había acreditado con una declaración jurada, por lo que, previa coordinación con el fiscal provincial Carlos Alejandro Palomino Álvarez, se dispuso la entrega del bien. Para ello, coordinó con el abogado Vicente de la Cruz.
El número de celular y los datos del letrado le fueron entregados al policía de turno para que lo llamara y preguntara si se iba a entrevistar con el menor y con su responsable.
A las 22.55 p. m., el efectivo policial señaló que el menor había fallecido, que lo habían llevado al hospital. La fiscal solicitó los nombres de los efectivos que trasladaron al menor para tener información precisa sobre la situación del investigado.
Entre ellos se encontraban el teniente Agustín Fernando Vilcamich, el alférez Kelsey Gamarra Sipan y el suboficial de segunda Cristian Cáceres Gutiérrez.
La fiscal se comunicó con el alférez a las 00.24 del 15 de junio, quien refirió que, con los efectivos policiales mencionados, trasladaron al adolescente a la posta de salud Portada 1 de Manchay, y observaron que el menor tenía signos de vida.
ACTA DE INTERVENCIÓN POLICIAL
La República también tuvo acceso al acta de intervención policial. Ahí se informó quién se encontraba de servicio, conforme al rol de distribución del 14 al 15 de junio, como encargado del Centro de Operaciones Policiales (Ceopol) y calabocero, teniendo al menor en la sala de meditación, sobre el lado izquierdo.
Esa noche, de acuerdo con el documento, los padres del menor, Javier y María, tuvieron diligencias policiales concordantes con el fiscal a cargo de la investigación y el efectivo de delitos y faltas.
Los padres solicitaron conversar con su hijo y, ante tal petición, el calabocero, con la finalidad de no vulnerar los derechos fundamentales del menor infractor a la ley penal y de su progenitor, le dio un tiempo prudencial para que dialogaran, según explicó.
Posteriormente, el padre se dirigió a la oficina de delitos y faltas. A las 22.14 horas del 14 de junio, el encargado del calabozo escuchó por parte del progenitor del menor que este no se encontraba a la vista en el interior del ambiente.
OTRO DETENIDO ES TESTIGO CLAVE
Ante tal hecho, el policía procedió a acercarse a la puerta y visualizó entre las rejas solo al otro detenido, de nombre Gerson Jhon Arce Torres (29). Este refirió que estaría en los servicios higiénicos de la sala de meditación.
El oficial procedió a llamarlo y no obtuvo respuesta. Ingresó al calabozo y fue directo al baño, donde encontró al menor que, según indicó, habría intentado suicidarse, colgándose con un hilo al parecer extraído de su capucha.
El efectivo solicitó apoyo, le tomaron el pulso y, al notar signos vitales, con la ayuda del suboficial técnico de primera Luis Dreyfus Gama, el alférez Kelsey Gamarra Sipan y el teniente Agustín Fernando Vilcamich, lo llevaron al hospital.
La doctora Gina Teresa Iparraguirre Flores diagnosticó que “llego cadáver”.





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