Réquiem para un edificio sin cimientos, por César Azabache Caracciolo

El derrumbe de los casos Odebrecht sobre lavado de activos en política ha quedado representado por tres sentencias: una de la Corte Suprema en el caso De la Puente, y dos del Tribunal Constitucional, la del caso Fujimori y la del caso Humala, que acaba de publicarse.

 No faltan debates sobre el contenido de estos fallos. Haberse pronunciado sin esperar que lo haga el Poder Judicial es la crítica más seria contra el Tribunal Constitucional. Que baste poner los fondos a nombre propio en un banco para salir del ámbito de lo sancionable funda la crítica más dura contra la Corte Suprema. Ambas merecen ser tomadas en serio. Pero además las construcciones legales que usa cada una de estas sentencias no son, en el detalle, necesariamente compatibles entre sí y no todas parecen corresponder a los hechos ni a las normas aplicables a los tres casos en debate. Hay cosas forzadas en algunos de estos textos.

 Pero sin perjuicio de esto, encuentro fundamental notar que estas historias comparten un fondo común. Antes que se emitieran estos fallos, los casos de esta serie ya habían quedado descolocados.

 La fiscalía ofreció estos casos como una serie sobre lavado de activos en política. De hecho puede lavarse dinero en política como en cualquier otra actividad. Pero si de esto se trataba, la fiscalía tendría que haber comenzado por desarrollar un caso en forma sobre lavado de activos contra Odebrecht y no lo hizo. El convenio por colaboración eficaz aprobado en junio de 2019 no incluye cargos por lavado. Y jamás fue ampliado para incluir esos cargos.

 En contra puede sostenerse que los cargos por cada acto de lavado son autónomos de los hechos que originan los fondos que se lavan. Esto es cierto en parte, pero no alcanza para justificar que no existan registros, ninguno en absoluto, que muestren a la fiscalía investigando a Odebrecht por lavar activos. Puede perseguirse a terceros por lavar activos de otro. Pero es difícil probar que se trate de activos verdaderamente lavados si ese otro jamás ha sido emplazado por el hecho.

 Un caso fuerte contra Odebrecht o una ampliación del convenio por colaboración aprobado en junio de 2019 habría hecho mucho más difícil cerrar estos casos como se ha hecho. La ausencia de ese caso dejó el espacio abierto para construcciones de todo tipo, como la que pretende que los casos se cayeron porque el financiamiento ilegal de partidos no era lavado cuando ocurrieron los hechos. Una crítica como esa solo es posible porque la lavandería de Odebrecht se ha vuelto invisible. Y sin una lavandería, es obvio, no hay nada que discutir en esta materia.

 Sostener casos por lavado renunciando a probar la existencia de la lavandería que los explica es como construir un edificio suponiendo los cimientos, pero sin planos que los describan.

 Pero esta historia encierra más errores. Si la primera clave para construir estos casos está en identificar la lavandería de la que vienen los fondos, la segunda consiste en explicar por qué quien los recibe y los filtra en la economía debe ser responsable por el hecho. Cuando se ordenó la primera prisión preventiva de la señora Fujimori, en octubre de 2018, el juez Concepción Carhuancho sostuvo que la razón para justificar los cargos proviene de las circunstancias del hecho: los casos se referían a recepciones clandestinas de cantidades exorbitantes de dinero. La combinación de ambas cosas, dijo, conduce a que quien los entrega y quien los recibe, ambos, saben o no les interesa saber lo que están haciendo. Esta idea se sostuvo por un tiempo. Pero la defensa la horadó. A finales de 2019 quedó demostrado que solo dos personas ajenas a cualquier lavandería, Juan Rassmuss y Dionisio Romero, habían entregado a la organización de la señora Fujimori, en total, más de siete millones de dólares en efectivo. El problema no se refería a la cantidad de dinero entregado ni a la clandestinidad: lo que teníamos delante era una práctica generalizada y masiva de circulación de dinero en efectivo sin control. Pero la fiscalía no reaccionó al desafío. Nunca reacomodó el caso.

 En paralelo, el caso Humala también se movió. Jorge Barata terminó confirmando que ni él ofreció ni Humala le pidió los tres millones que reconoció haber destinado a la campaña del 2011. La idea de entregarlos vino del Partido de los Trabajadores del Brasil o del propio Lula da Silva, si agregamos a esta historia el testimonio de José Graña. Ni siquiera sabemos si algo parecido ocurrió en Venezuela. Imposible imputar a alguien saber que Odebrecht manejaba una lavandería en un caso en el que Barata aparecía como mensajero de un tercero. De nuevo quedamos ante prácticas clandestinas generalizadas y normalizadas de circulación de dinero con fines políticos.

 En octubre de 2019 el profesor Montoya había anticipado una ruta alterna. Si los números no cuadraban —no cuadran en ninguno de los dos casos— estas historias podían dar forma a un caso alternativo: el de la formación de fortunas clandestinas que se lavan en procesos complementarios posteriores a su recepción. Ahí el problema se trasladaba de la lavandería de Odebrecht a la forma en que esos excedentes no usados en las campañas fueron filtrados en la economía por quienes los recibieron. Pero la fiscalía no acogió la propuesta. Apostó por defender sus casos sin moverlos, a pesar de que todos los desafíos y comentarios sugerían que estos casos debían moverse para subsistir.

La fiscalía terminó perdiendo. El proceso salió mal. Acaba en pleno ciclo de demolición. Y deja cabos sueltos que no van a atarse en mucho tiempo. Pero no se sale de todo lo que esto representa con una frase escrita para las galerías propias o contra las ajenas. Se sale con un equilibrio que tendremos que construir incluso en medio de los enormes sinsabores que esta historia nos deja.