
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) emitió una alerta sobre las recientes protestas estudiantiles registradas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ).
Según indicó la organización, los estudiantes impulsan movilizaciones para exigir mejoras en sus condiciones universitarias y defender derechos vinculados al acceso a una educación digna.
En San Marcos, estudiantes mantienen tomada de forma pacífica la Ciudad Universitaria en rechazo al proyecto de ley que permitiría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores. La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) cuestiona la llamada 'Ley Jerí Ramón' y exige elecciones presenciales, además de advertir presuntas irregularidades en el sistema de votación virtual.
La protesta en la Decana de América provocó la suspensión de clases presenciales en varias facultades y el pase temporal a la virtualidad. Los estudiantes anunciaron que las movilizaciones podrían mantenerse hasta que el Congreso debata la iniciativa legislativa, pero no descartaron que sea una medida indefinida.
En la Pontificia Universidad Católica del Perú, colectivos estudiantiles realizaron plantones y protestas tras el anuncio del nuevo sistema de pensiones para ingresantes 2027-I. Los universitarios cuestionan el incremento del pago mínimo mensual, que superará los S/2.600, y señalan que la medida podría dificultar el acceso a la educación superior para jóvenes de menores recursos.
Las manifestaciones incluso generaron congestión vehicular en la avenida Universitaria, donde más de 250 estudiantes participaron en un plantón. Diversos centros federados y colectivos afirmaron que el nuevo esquema "profundiza las brechas económicas" y convierte la educación en un sistema más excluyente.
Mientras tanto, en la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, estudiantes de Ingeniería Civil tomaron el campus para exigir la reactivación de la construcción de su facultad en Potrero, además de mejores laboratorios y transparencia en la gestión.
La tensión aumentó tras la intervención policial dentro del campus, lo que derivó en enfrentamientos. Los alumnos aseguraron que mantendrán la protesta hasta obtener respuestas concretas de las autoridades universitarias.
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Ante este escenario, la CNDDHH recordó que el derecho a la protesta pacífica debe ser plenamente garantizado. En su pronunciamiento, exhortó a la Policía Nacional del Perú y a las autoridades universitarias a resguardar la integridad y seguridad de los estudiantes, evitando actos de violencia, hostigamiento o uso desproporcionado de la fuerza.
'La educación universitaria digna y el ejercicio de derechos fundamentales deben ser respetados y protegidos', señaló la organización en su comunicado difundido a través de redes sociales.
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