
La minería de oro en Pataz, en la región La Libertad, se ha convertido en una fuente importante de ingresos para los grupos del crimen organizado. Funcionarios de empresas legales ya habían advertido el año pasado sobre los pobres resultados en la lucha contra la minería ilegal y los criminales.
Sostenían que a pesar de la presencia policial y de las fuerzas armadas operaban unas 450 bocaminas y socavones ilegales identificadas plenamente.
Por un sistema de georreferenciación también de identificó el año pasado 44 plantas ilegales donde se almacenaba el mineral extraído de los socavones.
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Hoy, el Comando Operacional del Norte, mediante el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ejecutó la operación ‘ATOQ’ que permitió destruir una planta artesanal de procesamiento de oro.
También se destruyeron veinte molinos, cuatro generadores eléctricos, cuatro bombas de agua, diecinueve balones de gas, dos quemadores de oro, dos balanzas electrónicas, cuatro motocicletas, 120 sacos de material aurífero, ochocientos sacos con relave y tres kilos de mercurio.
Asimismo, sesenta kilos de bórax, seis sacos de cal, dos pozas de cianuración y cuatro bidones con insumos químicos y material aurífero tipo lodo en proceso de secado. Todos estos bienes están valorizados en S/ 628 mil 900. La intervención fue ejecutada en el anexo Vijus.
Asimismo, fueron intervenidas nueve personas implicadas en actividades ilegales de minería. Las autoridades procedieron además a extraer muestras de los insumos químicos incautados para su peritaje correspondiente.
La minería ilegal ha quedado expuesta a la explotación criminal tras años en que diversos entrevistados describían como una gestión estatal y regional débil, inconsistente y, en muchos casos, marcada por la interferencia política y la corrupción.
De hecho que los factores económicos también han incentivado la entrada de los grupos del crimen organizado. Los grupos criminales aprovecharon estas oportunidades insertándose en redes ilegales preexistentes lideradas por familias, políticos y bandas locales que ya competían por el control de las minas, aunque sin recurrir a la violencia extrema.
El contexto actual es altamente desafiante y está caracterizado por redes complejas, dinámicas de poder profundamente arraigadas y la participación de actores poderosos y violentos. La captura criminal en Pataz ha generado graves consecuencias: daños ambientales, incremento de la violencia y debilitamiento de la gobernanza estatal.
Para diseñar una respuesta efectiva ante este desafío, es esencial comprender en profundidad las redes y cadenas de suministro que sostienen la minería ilegal de oro y las actividades criminales asociadas.

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