
Durante el paro de transportistas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Defensoría del Pueblo confirmaron la detención de 17 personas que se dirigían al Congreso de la República en una caravana para participar en la medida de protesta. Entre ellas figuran una menor de 17 años y una persona de 44 años con discapacidad, quienes han sido liberados el día de hoy viernes 3 de octubre.
Organizaciones sociales denunciaron en redes que se les impidió realizar la veeduría de los hechos y advirtieron que ni la Fiscalía de Derechos Humanos ni la fiscalía de turno se han hecho presentes en el lugar. "No nos permiten el ingreso. Por eso, hemos hecho este llamado (...) Los abogados de la Coordinadora permanecen en los exteriores. Estamos a la espera de la llegada de la fiscalía", declaró en diálogo con La República una representante de la organización.
En tanto, CNDDHH también confirmó a este medio que las demás personas aún permanecen bajo custodia policial en la comisaría de Puente Piedra, cerca del paradero 24. Familiares de los detenidos exigen su inmediata liberación. Denuncian que la Policía busca acusarlos de delitos como vandalismo y extorsión.
Cartel difundido por uno de los detenidos durante el Paro de Transportistas.
En horas de la mañana, distintos gremios de transporte alertaron sobre la detención arbitraria de personas que acataron el paro convocado para este 2 de octubre. Según denunciaron, efectivos del orden subieron a los buses e intervinieron a quienes llevaban pancartas para ejercer su derecho a la protesta. Hasta el momento, los detenidos permanecen retenidos por más de doce horas.
Sumado a ello, uno de los retenidos en la comisaría de Puente Piedra recibió hostigamientos por parte de la Policía Nacional. El hecho quedó registrado en video. "Yo lo voy a registrar por esta oportunidad. Mañana o pasado te encuentro ahí, definitivamente te voy a sindicar directamente. Te estoy advirtiendo con esas condiciones", se escucha decir a una agente policial.
El nombre de las personas detenidas es el siguiente: Julio César Celis Idrogo (26), Juan Carlos Del Castillo Mejía (51), Jorge Luis Velarde Mendoza (44), María Isabel Herencia Guzmán (21), Stefany Vanessa Pozo Guerrero (33), María Paola Guzmán Sandoval (40), Elizabeth Yaneth Mamani Chura (35), Evelyn Betzabé Castillo Gonzales (28), Manuel Ricardo Jaimes Loarte (40), Jesús Arón De La Cruz Amaro (38), Agamenón Nestir Moreno Villarreal (50), Romel Garay Quispe (42), Jorge Armando Ochante Alvarado (38), Jesús Huamán Rodríguez (36), Anthony Janpiere Minaya Velásquez (25), Roxana Haydee Choquetingo Luque (42) y una menor de edad de iniciales A.N.G. A (17)
17 personas permanecen detenidas en la Comisaría de Puente Piedra. Foto: difusión.
Asimismo, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, quien estuvo presente en la Comisaría de Puente Piedra, denunció el hecho y exigió la presencia de la CNDDHH para garantizar el derecho al debido proceso.
"Negaron que una adolescente de 17 años estuviera detenida por el teniente", declaró. En tanto, organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado a la Fiscalía para que "actúe de acuerdo a sus funciones".
En tanto, los familiares exigen su pronta liberación y declaran que los policías de la comisaría intentan involucrar a los detenidos en delitos como extorsión y vandalismo. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra se hizo presente para tomar la denuncia de los familiares.
Liberan a dos de las 17 personas que fueron detenidas cuando iban en caravana a participar en apoyo a paro de transportistas. Foto: Silvana Quiñonez/ La República.
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Luego de una reunión con el Congreso de la República y tras varias horas de tensión, los gremios de diversos sectores despejaron la avenida Abancay, después de protagonizar una masiva protesta frente al Parlamento. En la zona se congregaron trabajadores y sindicalistas para exigir a las autoridades la atención de sus demandas.
El acuerdo fue suscrito por Hecor Vargas Egas y Luis Maraví Arias, representantes del CTU. Se otorgó al Parlamento un plazo de 10 días hábiles de tregua para cumplir con los compromisos asumidos, entre ellos la creación de un grupo de élite especializado en combatir el delito de extorsión que afecta a choferes y cobradores del transporte urbano de Lima y Callao.
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