
Las extorsiones y atentados contra transportistas no se detienen. Por ese motivo, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) ha convocado un nuevo paro nacional para el 11 de agosto. La medida responde al incumplimiento de los acuerdos asumidos por el Estado con los gremios de transporte.
El objetivo del paro es exigir estrategias y acciones concretas frente a la criminalidad, que cada día cobra nuevas vidas. "Dimos una tregua al Gobierno, pero no han cumplido. Todos apagaremos los motores", advirtió.
Valeriano indicó que luego de la paralización del 10 de abril sostuvieron una reunión en la que se instaló una mesa de trabajo con la participación de los tres poderes del Estado, incluyendo al INPE y al Ministerio Público. En esa oportunidad, los dirigentes les dieron plazo de 30 días para implementar medidas concretas contra la criminalidad, pero hasta la fecha ninguna de las medidas se cumplieron.
"Hasta hoy no se han visto avances reales. Nos siguen matando y las extorsiones han aumentado, no solo contra los transportistas, sino contra todos los sectores".
Explicó que una de las acciones acordadas fue instalar cámaras de seguridad en los vehículos de transporte público, indemnizar a los familiares de las víctimas de la criminalidad, así como derogar las leyes denominadas "procrímenes". Sin embargo, tampoco se han cumplido.
“Somos diez gremios los que participaremos; la protesta será acatada por vehículos de transporte formal. Es lamentable lo que pasa en el sector transporte urbano formal de Lima y Callao. Cada día, se incrementan las muertes de conductores ante la inoperancia de las autoridades. Hemos solicitado en su momento que articulen los poderes del Estado para hacer una lucha contra la criminalidad. Nos vemos en la necesidad de hacer una paralización el 11 de agosto”.
Según detalló Valeriano, desde el 26 de septiembre de 2024 hasta la actualidad se han registrado 30 asesinatos vinculados al transporte urbano, además de 28 atentados.
La situación, agregó, se ha vuelto insostenible debido a que más del 80% de las empresas de transporte ya están “acordonadas”, es decir, sometidas al pago obligatorio de extorsiones diarias. “Muchas empresas están pagando a dos o tres bandas criminales. Ahí empieza la muerte, porque uno ya pagó y otro viene a cobrar. Si no le dan, matan”, advirtió.
Hasta junio, el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) ha registrado 13.667 denuncias por extorsión a nivel nacional, lo que representa un incremento del 25,5 % respecto al mismo periodo del 2024, según el analista de datos Juan Carbajal.
Asimismo, alertó que en Lima Metropolitana y el Callao las denuncias por este delito han aumentado en más del 50 % en comparación con el año anterior.
Además, indicó que más del 60 % de las regiones del país presentan un aumento en los reportes de extorsión. “Cada 19 minutos, en promedio, se registra una denuncia por extorsión a nivel nacional”, señaló a La República.

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