Pese a la intervención militar, la violencia no tiene fin en el país: van 1.209 homicidios

Los números muestran una realidad que parece ajena a lo que aseguran los operadores de justicia sobre la violencia y muertes violentas en el país. Entre el 1 de enero y el 17 de julio de este año se cometieron 1.209 homicidios, un número que contrasta con los 1.022 y los 751 asesinatos que se perpetraron, en el mismo período, de los años 2024 y 2023, respectivamente.

Pero esta estadística, choca con un escenario nuevo. “Cada 3 horas 56 minutos se ha registrado un homicidio a nivel nacional”, asegura el analista de datos, Juan Carbajal.

Esto en medio de las 11 declaratorias del estado de emergencia decretadas, solo este año, para enfrentar la persistente ola de criminalidad que afecta al país.

Carbajal refiere también que tras 198 días de 2025, la tendencia del promedio diario de homicidios persiste al alza siendo incluso muy superior a lo reportado en todo el año 2024 (2.069) con lo cual, de proseguir así, este año terminaría superando al total de lo registrado en el año anterior.

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 Y es que, la cantidad de homicidios registrados hasta el 17 de julio supera en 18.3% a lo contabilizado durante el mismo período en el 2024. “Ningún día con cero homicidios”, precisa el analista.

Lima (35.4%), La Libertad (11.1%), Callao (9.3%), Piura (6.8%) e Ica (4.3%) concentran casi el 70% de registros de homicidios en lo que va del año 2025.

Durante el Gobierno actual, tras 954 días (hasta el 17 de julio) se han registrado 4.874 homicidios, de acuerdo al Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).

Para la Policía, en el Perú hace varios años comenzó a cristalizarse algo inusual en la historia de la violencia en el país: empezaron a enfrentarse entre sí grupos criminales por disputas territoriales para las extorsiones, los secuestros, el tráfico de terrenos y la venta de drogas o el control del lugar.

Estos conflictos aportarían el mayor número de muertos y de heridos de armas de fuego.

Seleccionan a sus víctimas

El problema ahora no es la cantidad de homicidios, sino a quiénes se asesina, a la selección de las víctimas, porque los últimos homicidios solo tuvieron como objetivo –es lo que se analiza en el gobierno y en la justicia- generar un pánico social que provocó un efecto inédito en el país: extorsiones seguidas de muertes.

 También a quiénes se amenaza, al elegir figuras de trascendencia pública como el vocalista del grupo Armonía 10, Paul Flores.

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De acuerdo al Sinadef, Lima sigue siendo la región con más homicidios alcanzando 428 casos, seguido por La Libertad 134, Callao 112, Piura 82, Ica 52, Madre de Dios 42, Tumbes 41, Puno 34, Arequipa 32, Cajamarca 32, Cusco 30, Ayacucho 21, Extranjeros (21), Lambayeque 21, Junín 18, Ucayali 17, Áncash 16, Huánuco 16, Loreto 16, San Martin 16, Apurímac 7, Tacna 7, Amazonas 5, Pasco 4, Huancavelica 1 y Moquegua 1. Tres no tienen registro.

Un ejemplo es lo que sucede en el cono norte de Lima, el más conflictivo durante los últimos dos años, donde se disputan el territorio franquicias de Los Injertos del Cono Norte  con otras bandas por el control de las extorsiones al gremio de transporte público: desde septiembre del año pasado asesinaron a 29 choferes, cuatro pasajeros y a un gerente de transporte.

En otro contexto, un descenso pronunciado de la violencia se hubiera convertido en una buena noticia para el gobierno, pero la realidad muestra una nueva dimensión del fenómeno mafioso.

Estados de emergencia, un fracaso

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, desde 2022 hasta mediados de 2025, el Gobierno del Perú ha declarado estados de emergencia por inseguridad ciudadana en al menos 12 regiones y más de 40 distritos, concentrándose principalmente en Lima Metropolitana, Callao, La Libertad, Piura, Lambayeque, Arequipa, Ica y Ucayali.

Estos regímenes han implicado la suspensión de derechos constitucionales y la realización de muchos operativos.

Lima y Callao han tenido más de una declaración consecutiva, alcanzando distritos como San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos, El Agustino, Villa El Salvador, entre otros, con reiteradas extensiones de la medida.

 La lógica oficial –dice Valdés- ha sido responder al aumento de homicidios, extorsiones y sicariato, especialmente en zonas con alta presencia de organizaciones criminales, con los estados de emergencia.

Sin embargo, los datos y la experiencia ciudadana muestran una preocupante paradoja: en muchos de los distritos con estado de emergencia, los asesinatos, extorsiones y enfrentamientos armados han persistido e incluso aumentado.

Sin capacidad de revertir

“La Libertad, por ejemplo, cerró 2024 como una de las regiones con más homicidios del país, pese a estar más de seis meses bajo régimen de excepción. En Lima, zonas como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres siguen sufriendo atentados con granadas y cobros extorsivos a comerciantes, mototaxistas y transportistas, incluso durante el despliegue policial y militar, refiere el exviceministro.

A su juicio, “lejos de representar una solución estructural, el estado de emergencia se ha convertido en un recurso repetido que ofrece impactos operativos puntuales, pero sin capacidad de revertir el crecimiento de las economías criminales, ni garantizar seguridad duradera para la población”.

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“De ahí que en el último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, los ciudadanos que en el último año estuvieron bajo estado de emergencia, hayan calificado sus resultados como malos o muy malos y apenas un 9% lo calificó como bueno o muy bueno”, añadió.

Recuperar la confianza

El objetivo del gobierno es tratar de mostrar con el despliegue policial y de fuerzas armadas que las principales ciudades pueden retornar a cierta normalidad. Un síntoma que exhibe ese escepticismo es que durante el feriado largo que está por empezar bajó la ocupación hotelera, de un turismo de cercanía que elegía algunos atractivos, a pesar de sus problemas, para visitar en esta época.

“Estamos enfocados en recuperar la confianza, empatía y comunicación con nuestra población. Los efectivos policiales tienen la obligación de recibir y atender a todos los ciudadanos”, expresó el comandante general PNP, Víctor Zanabria.

“Es gente involucrada en disputas territoriales”

El ministro del Interior, Carlos Malaver, dijo que “la ola criminal continúa, porque la mayor situación de fallecidos son gente que están involucrados en disputas territoriales por la hegemonía de espacios para realizar esta situación de actos extorsivos, que no solamente estamos hablando de bodegueros, de transportistas, sino del sector de construcción civil, que es otra modalidad de extorsión.

En ese sentido, señaló que no estaba hablando solo de la cifra de asesinatos en el sector transportes, sino “de la cantidad total de fallecidos” víctimas de la extorsión.

“Lamentablemente, son vidas que, a veces, están llevadas por el mal camino, y son integrantes, en algunos casos, de bandas rivales, que se agarran a balazos o las responsabilizan por muertes”, aseveró Malaver.