La empresa estadounidense Caltrain donó 93 vagones y 19 locomotoras, con más de 40 años de uso, a la Municipalidad de Lima. Ahora, para poner estas máquinas en operación, Ferrovías Central Andina S.A., concesionaria del Ferrocarril Central, presentó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la décima adenda de su contrato, en la que propone utilizar solo un tercio de los trenes donados.
Este lunes 14 de julio, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, realizará la presentación pública de los vagones de tren y locomotoras donados, en el Parque de La Muralla, ubicado en el Cercado de Lima.
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Según la propuesta cuestionada de Ferrovías, solo se utilizarían 7 locomotoras y 29 vagones donados por Estados Unidos, es decir, apenas una tercera parte del total. Hasta el momento, no se ha explicado qué ocurrirá con el resto del equipo.
Además, también ha solicitado que el Estado garantice un Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG); es decir, una especie de subsidio público. Esto significa que, si la recaudación por boletos no cubre los ingresos proyectados por la empresa, será el propio MTC el que se haga cargo de la diferencia con recursos del Estado.
Para utilizar estos trenes tendrá un costo de 3 soles por usuario, incluido el IGV. “Si esa tarifa no permite alcanzar los ingresos mínimos comprometidos, será el Estado quien complete el monto restante”, explicó el especialista Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar.
No es todo, la adenda también propone una nueva prórroga de cinco años en su contrato de concesión, que originalmente fue firmado en 1999 por 30 años. Este ya fue ampliado en dos ocasiones y actualmente vence en 2039. Si se aprueba la adenda, la concesión se extendería hasta 2044.
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Luis Quispe, experto en transporte, señaló que la empresa Ferrovías Central Andina es la principal interesada en impulsar la adenda porque busca obtener mayores ganancias. Sin embargo, advirtió que esta no es la forma adecuada, ya que el proyecto tal como está planteado solo beneficia a la empresa privada.
Explicó que la única manera en que el Estado puede mantener cierto control sobre este tipo de servicios, y garantizar que realmente sean beneficiosos para la ciudad, es a través de un modelo de asociación público-privada.
“Yo creo que debería conformarse una comisión integrada por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transportes y otros entes involucrados, para que esta inversión de alrededor de 30 millones se canalice mediante una asociación público-privada. El Estado debe tener la mayoría de acciones y luego convocar a una licitación para que la operación esté a cargo de un privado”, propuso.
Asimismo, Quispe consideró fundamental que se construya una segunda línea férrea, algo que implicaría una inversión considerable y tomaría tiempo, pero que resulta indispensable para brindar un servicio de calidad.
“El problema es que han aprovechado la coyuntura del regalo del tren para hacer un gran negocio con el Estado”, criticó.

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