
Una serie de operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desencadenado una nueva crisis en Los Ángeles en Estado Unidos, ciudad reconocida por su política de protección a comunidades migrantes. Al menos 40 personas fueron detenidas en el marco de estas acciones, entre ellas un ciudadano peruano identificado como José Cristóbal Hernández Buitrón, de 43 años, quien presuntamente residía de forma irregular en Estados Unidos.
La acción de las autoridades federales se enmarca en una ofensiva para ubicar y detener a personas en situación migratoria irregular, lo que ha desatado una fuerte ola de protestas por parte de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
La ciudad, que se ha declarado santuario migrante, fue escenario de movilizaciones masivas tras conocerse los operativos del ICE. Las manifestaciones, que iniciaron de forma pacífica, escalaron en intensidad hasta registrarse enfrentamientos con agentes federales, quema de vehículos y el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. El momento más tenso se vivió el 7 de junio, cuando un grupo de ciudadanos intentó impedir el traslado de los detenidos bloqueando las rutas de los autobuses migratorios.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó su preocupación por estas acciones: “Estas redadas siembran el terror y fracturan nuestras comunidades”, declaró. Diversas organizaciones defensoras de migrantes, como la Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), han denunciado que muchas de las personas arrestadas carecen de antecedentes penales y fueron aprehendidas sin una explicación clara.
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Los operativos han generado un clima de temor entre los migrantes que viven en la ciudad. Varios negocios han reportado menos actividad, mientras que familias enteras han optado por permanecer en sus casas ante el temor de ser intervenidas.
Angelica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, aseguró que “nuestra comunidad está siendo acosada y sometida a una campaña de miedo”. La falta de claridad en los procedimientos y la forma en que se ejecutaron los arrestos han sido duramente cuestionadas.
Mientras las autoridades federales insisten en que sus operativos buscan proteger la seguridad pública, la tensión entre el gobierno y las comunidades migrantes no deja de crecer. El caso del ciudadano peruano detenido refleja una situación que va más allá de lo individual: una crisis migratoria marcada por la desconfianza, la división social y el miedo.
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