
La Policía Anticorrupción y el Ministerio Público detuvieron a un vigilante y a un turista peruano en la ciudadela Inca de Machu Picchu, ubicada en la provincia de Urubamba, región Cusco. La intervención se realizó el último sábado, al promediar las 12:55 horas, en el marco de una investigación por el presunto delito de cohecho activo y pasivo propio.
Los implicados fueron identificados como Edison Jaquehua Alata, de 47 años, quien se desempeña como vigilante en el sector “Zona de las Qolqas”, acceso 3 del parque arqueológico, y Edgar Alexander Durand Bendezú, turista nacional de 36 años. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Machu Picchu para continuar con las diligencias respectivas.
De acuerdo a lo informado por, Jorge Moya, titular de la DDC - Cusco, el trabajador fue intervenido por la Policía a solicitud de un representante de la propia entidad, esto al verificar que el turista y su familia no contaban con los boletos respectivos para transitar por un circuito cuyo ticket de ingreso no correspondía.
"Temporalmente, se suspendió el contrato del vigilante Edison Jarquehua, mientras duren los procesos administrativos y penales, el caso está en investigación, la procuraduría de la institución está viendo los temas legales" declaró.
Según las investigaciones preliminares, a las 10:55 horas del mismo día, el turista Durand Bendezú, quien recorría la ciudadela acompañado de su familia, fue interceptado por Julio César Meza Huaraya, arqueólogo y supervisor del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Meza detectó que el visitante se encontraba en un circuito no permitido para el ticket que poseía.
Tras ser interrogado, el turista confesó que había accedido a la zona restringida gracias a las “facilidades” otorgadas por el vigilante Jaquehua Alata, quien habría recibido un pago de S/100 mediante la aplicación Yape. Este acto sería una infracción a las normas establecidas para preservar el orden en el sitio arqueológico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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El caso está siendo investigado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cusco. Ambos involucrados podrían enfrentar cargos por el delito contra la administración pública, en su modalidad de cohecho activo y pasivo propio, en agravio del Estado y del Parque Arqueológico de Machu Picchu.

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