
Un reciente operativo de desalojo en San Juan de Lurigancho ha generado indignación en redes sociales tras la difusión de un video que muestra a un grupo de serenos y fiscalizadores agrediendo a un vendedor ambulante en la zona de Canto Grande. En las imágenes, se observa al comerciante reducido en el suelo mientras recibe patadas y golpes por parte de al menos diez agentes municipales.
La municipalidad de SJL, a través de su gerente municipal, Alejandro de la Cruz, reconoció el uso excesivo de la fuerza y rechazó los actos de agresión cometidos. De la Cruz informó que los tres trabajadores involucrados han sido identificados y separados de sus funciones mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Este incidente se suma a una serie de enfrentamientos entre serenos y vendedores ambulantes en SJL. En marzo de 2024, se registraron violentas grescas en las zonas de Los Jardines y Próceres de la Independencia, donde los ambulantes se resistieron al desalojo de los espacios públicos. El gerente de Promoción Empresarial del municipio, Tinto Huixa, señaló que algunos individuos se hacen pasar por vendedores ambulantes, pero en realidad son bandas organizadas que cobran cupos, representando un peligro para la seguridad de los vecinos.
En septiembre de 2024, más de cien comerciantes ambulantes fueron desalojados de las inmediaciones del mercado San Hilarión en SJL. Los comerciantes denunciaron que el desalojo se produjo de manera violenta y que algunos fueron agredidos por el personal de Fiscalización. Además, indicaron que pagaban un sol diario al municipio para permanecer en los exteriores del mercado.
Por su parte, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho emitió un comunicado tras la agresión. Informó que los responsables fueron sancionados y reafirmó su compromiso con los derechos ciudadanos. Además, ofreció cubrir los gastos médicos del afectado si es necesario, aunque no ha sido identificado ni presentó denuncia. También destacó los esfuerzos diarios de recuperación de espacios públicos y recordó que está prohibido alquilar veredas a ambulantes para evitar conflictos y mantener el orden.
“Disposición para asistencia médica. Aunque el vecino agredido no ha presentado una denuncia policial ni ha sido identificado, la municipalidad está dispuesta a asumir los gastos médicos necesarios en caso de ser requerido”, dice el comunicado.

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