Gobierno promulga ley para garantizar acceso universal al agua potable: ¿En qué consiste el reglamento?

El Gobierno peruano dio un importante paso hacia la universalización del acceso al agua potable al promulgar el reglamento del Decreto Legislativo 1280, que establece la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento. La normativa fue oficializada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y publicada en el diario oficial El Peruano. Su objetivo es garantizar que, en un plazo máximo de cuatro años, todos los peruanos cuenten con acceso a agua de calidad y a servicios de saneamiento adecuados.

¿En qué consiste el reglamento de universalización del agua potable?

El reglamento establece un marco regulador que abarca tanto las áreas urbanas como las rurales, promoviendo una gestión eficiente y sostenible de los servicios. Asimismo, define derechos y obligaciones para los usuarios y los prestadores del servicio, buscando asegurar la calidad, equidad y continuidad en la provisión del agua potable.

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Uno de los principales enfoques de esta ley es regular la gestión eficiente de los prestadores del servicio, promoviendo inversiones tanto públicas como privadas para mejorar la infraestructura de agua y saneamiento en el país. Esto incluye la construcción, modernización y mantenimiento de redes de distribución, plantas de tratamiento y sistemas de alcantarillado.

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Trabajo coordinado para la implementación del reglamento

Para garantizar el cumplimiento efectivo de esta normativa, se ha llamado a una estrecha coordinación entre diversos actores, como los gobiernos locales y regionales, el Ministerio de Vivienda, los prestadores de servicios, los usuarios, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). La colaboración entre estas entidades será clave para garantizar el acceso equitativo y sostenible a los servicios de agua potable y saneamiento en todo el país.

El Gobierno espera que esta ley contribuya significativamente a mejorar la calidad del agua consumida por los peruanos, especialmente en las zonas más vulnerables donde el acceso a estos servicios ha sido históricamente limitado. Además, busca impulsar la sostenibilidad ambiental mediante una mejor gestión de los recursos hídricos y la reducción de la contaminación.