
El Poder Judicial sentenció a un exfuncionario de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Según la acusación fiscal, el exgerente de Desarrollo Social de esta comuna facilitó un contrato por órdenes de servicio a favor de la madre de su hija.
Los hechos ocurrieron en 2019. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este (tercer despacho), a cargo del fiscal José Alberto Bustíos Ledesma, el hombre identificado con las siglas E.A.O.A. aprovechó su cargo para proponer posibles postores del trabajo requerido, ya que se trataba de contrataciones por montos menores de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
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De esta manera, el exgerente presentó directamente al órgano encargado de contrataciones de San Juan de Lurigancho el currículum vitae de la madre de su hija, sin informar sobre la existencia de un conflicto de intereses. Este acto deliberado de ocultar la relación personal con la postulante llevó a que la mujer fuera contratada por un importe total de S/7.500, vulnerando así los principios de imparcialidad y objetividad que deben regir las contrataciones públicas.
La fiscal adjunta, Kenia Grimalda Garrido Pajuelo, demostró la culpabilidad del exfuncionario municipal como autor del delito contra la administración pública. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes que incluyeron documentos y testimonios que corroboraron la actuación del acusado en favor de la madre de su hija. La sentencia impuesta consiste en cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, lo que significa que no ingresará a prisión, pero deberá cumplir ciertas condiciones. Además, se le inhabilitó para desempeñar cargos de carácter público durante cuatro años y se le ordenó el pago de una reparación civil de S/17.500.
El exfuncionario trabajaba en la gerencia de Desarrollo Social de San Juan de Lurigancho. Foto: Ministerio Público.
La corrupción de funcionarios en el distrito de San Juan de Lurigancho tiene una larga data. Uno de los casos más resaltantes es el de Carlos Burgos, exalcalde de esta localidad. Durante sus dos periodos como alcalde (2007-2010 y 2010-2014), Burgos fue investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía descubrió un desbalance patrimonial que superaba los 8 millones de soles, hallando a su nombre vehículos, decenas de inmuebles y acciones en una empresa de publicidad. Tras estas revelaciones, fue sentenciado a 16 años de prisión preventiva. Sin embargo, Burgos huyó en 2017 y estuvo prófugo hasta que su nombre fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, ofreciendo S/30.000 por información que condujera a su captura. En septiembre de 2019, fue arrestado en un hotel en Los Olivos, poniendo fin a su fuga.
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En febrero de 2024, la Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo un megaoperativo para incautar 11 inmuebles pertenecientes a Carlos Burgos, como parte de las investigaciones por corrupción durante su gestión en San Juan de Lurigancho. Este operativo, encabezado por la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, no se limitó a Lima, sino que también abarcó otras regiones del país, incluyendo Huaral, Huarochirí, Chancay, Cañete y Cajamarca.





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