Familiares de fallecidos en Juliaca exigen justicia

Apenas arrancó la conferencia de prensa para recordar a los 18 fallecidos hace un año en las protestas sociales en Juliaca, Milagros Samillán estalló en llanto. No era la única. A su alrededor, decenas de personas tampoco podían contener sus lágrimas. Eran familiares de los que perdieron la vida el 9 de enero del 2023 en inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, en Juliaca, durante las manifestaciones pidiendo la renuncia de Dina Boluarte.

Milagros Samillán es hermana del médico Marco Antonio Samillán Sanga, quien murió por una bala percutida por las fuerzas del orden cuando auxiliaba a los heridos en la avenida Independencia, afuera del terminal aéreo. “Han destrozado la vida a toda mi familia. Mi hermano era biólogo y después se hizo médico. Tenía todo por delante. Fue a auxiliar vidas y terminaron matándolo. Lo que más duele es que hasta ahora no hay justicia. Queremos que se sancione a todos los responsables”, enfatizó.

Muy cerca estaba Dominga Hancco con la foto de su hija Yamilet Aroquipa Hancco. Mientras caminaba por inmediaciones del principal terminal aéreo, una bala le perforó órganos vitales y murió en el acto. Era estudiante y activista por los derechos de los animales.

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“Era mi hija mayor. Me la mataron y hasta ahora no encuentro justicia. Yo sufro su ausencia. Sus dos hermanas menores sufren. No es justo. Era una niña que tenía mucho futuro”, refirió entre lágrimas.

En uno de los parantes del ambiente de la conferencia yacía una bandera del Perú que habían llevado a la protesta, y terminó manchada de la sangre de heridos y fallecidos. Literalmente, nuestro símbolo patrio sirvió de camilla para trasladar los cuerpos de los caídos a los centros de salud más cercanos.

Debajo de la bicolor se encontraba Yobana Apaza, quien perdió a su esposo, Heber Jesús Mamani Luque. Aún no asume la partida de su pareja, quien murió por impacto de bala, pero lo que más le duele es que sus tres hijos se hayan quedado sin el cariño de padre.

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“A ratos me dan ganas de gritar de tanto dolor. Ahora soy padre y madre. Quiero justicia. Quiero que se sancione a todos los responsables. ¿Por qué un policía tiene que disparar a un inocente y mis hijos por qué tienen que quedar huérfanos?”, se quejó sin dejar de llorar.

Junto a las imágenes de los fallecidos, derramaba lágrimas sin consuelo la abuela de Cristián Helliot Arisaca Luque. “Mi nieto era cariñoso. Nadie me lo va a devolver. Mínimo quiero justicia. Dina Boluarte y Alberto Otárola tienen que pagar por todo lo que hicieron”, pidió.

“¿Qué pide Puno?”, preguntó Milagros Samillán a los otros deudos. “¡Justicia!”, respondieron a una sola voz.

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Su hermano, Raúl Samillán, señaló que la mayoría de los familiares padece serios problemas psicológicos porque no superan el trauma de haber perdido a un ser querido. “Muchos han quedado en pobreza, en abandono, sin ayuda económica. Es terrible lo que ha provocado el Gobierno solo por quedarse hasta el final en el poder. No puede ser justo. Unos viven tristes y Dina Boluarte y Otárola felices, eso no es correcto”, se quejó.

Indicó que el Gobierno destinó un fondo de ayuda de 50.000 soles para cada familia de los fallecidos y 25.000 soles para los heridos. Solo se les brindó ayuda económica a 47 de los 252 heridos registrados por el Ministerio de Salud. Los demás no recibieron nada. Samillán recordó que los heridos vienen asumiendo su tratamiento sin apoyo de nadie. La mayoría de ellos no pueden trabajar porque aún tienen esquirlas alojadas en el cuerpo y les provoca fuertes dolores al caminar.

Cesar Quispe Calsín, abogado de los familiares de las víctimas del 9 de enero, indicó que todas las evidencias apuntan a que desde la Fiscalía de la Nación se ha buscado entorpecer las investigaciones porque el expediente de las muertes en Juliaca pasó por cinco fiscales con fines dilatorios.

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“El caso empezó como si fuese crimen organizado. Eso fue debidamente calculado para culpar a los asesinados como si ellos hubiesen provocado su muerte. Después, pasó a una fiscalía penal. Cada fiscal demoró dos meses en estudiar el caso. Las investigaciones avanzan a paso lento. Recién está en investigación preliminar. Pedimos al actual fiscal de la Nación que tome cartas en el asunto y acelere las investigaciones. Sin justicia, no hay democracia”, dijo.

Rocío Paz, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, destacó que los familiares estén decididos a que la muerte de sus parientes no quede impune. No obstante, consideró que las investigaciones deben estar dirigidas no solo contra los responsables materiales, sino también contra los que avalaron y dieron la orden de usar las armas a los miembros de las Fuerzas Armadas.

Unidos en el dolor

Hasta Juliaca llegaron delegaciones de Ayacucho, Andahuaylas, Arequipa, Lima, entre otras regiones donde también se registraron muertes en protestas. Decidieron tomar acciones conjuntas para que ninguna muerte quede sin castigo judicial, aun cuando el responsable sea un alto mando policial o militar o miembro del Gobierno. 

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Germán Sañudo llegó de Ayacucho en representación de su hijo Josué Sañudo Quispe, quien perdió la vida por un impacto de bala disparado por militares en inmediaciones del aeropuerto de dicha región.

Explicó a La República que los une el dolor de haber perdido a un ser querido y por tal razón anunció que en adelante unirán esfuerzos para exigir que se sancione a los responsables.

“Después de todos los actos conmemorativos, tenemos que insistir en que se haga justicia.  Ahora todas las regiones donde se han registrado muertes tenemos que perseguir ello. Tenemos que exigir que se lleve a los tribunales a los responsables y paguen su culpa. No se puede jugar con la vida de inocentes. Para eso acudiremos a todos los organismo posibles”, dijo.

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Sañudo aseveró que Dina Boluarte y Alberto Otárola no pueden quedar al margen de la justicia porque ambos crearon condiciones para que las Fuerzas Armadas tengan aval para reprimir como si los manifestantes fueran terroristas, dejando de lado el derecho a la protesta que tiene todo ciudadano.

“A partir de todo lo que se está viviendo, tenemos enormes retos que cumplir. Pero el mayor objetivo no solo es reparación a las víctimas y heridos, sino también justicia. Ese es y debe ser nuestro mayor logro”, reflexionó.

Acciones en recuerdo de las víctimas

Para hoy, día central, se tiene prevista, desde las 9 a.m., una misa en memoria de todos los fallecidos en el altiplano puneño. El acto litúrgico, que se realizará al costado del aeropuerto de Juliaca, es también por los seis soldados que perdieron la vida ahogados  en el río Ilave, por negligencia de sus superiores, un poblador asesinado en Ilave y otros dos ronderos de Carabaya, que también murieron a manos de las fuerzas del orden. También será en memoria del suboficial del a Policía José Luis Soncco, cuyo crimen habría sido cometido por un expolicía que ahora está detenido.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentará el documental Puno sí es el Perú, para contribuir con la defensa de las libertades, entre ellas el derecho a la protesta. Describe cómo fue la represión y la estigmatización que se ejerció contra la población de Juliaca y la respuesta de sus pobladores. Se presentó ayer en el Teatro Municipal de Juliaca y hoy podrá ser visto en la Sala de la Cultura de Puno, a las 6 p.m.