En la región Puno, se registró el mayor número de civiles asesinados durante las protestas contra el entonces reciente Gobierno de Dina Boluarte. Más de 20 ciudadanos cayeron abatidos por las municiones de las Fuerzas Armadas; sin embargo, fue en la ciudad de Juliaca donde cayeron ultimados 18 ciudadanos, entre ellos menores de edad y personas que ni siquiera participaban de las manifestaciones. El 9 de enero, se conmemora un año de estos trágicos hechos y el día será recordado con un paro y una serie de actos.
Este martes, 2 de enero de 2024, los gremios de Puno sostuvieron una reunión y acordaron concentrarse todos en Juliaca, escenario de los asesinatos. Un primer acuerdo será acatar un paro, que no incluirá el cierre de carreteras, sino la paralización de actividades. Esta última medida fue acordada por sus propios dirigentes para que se sumen a todas las actividades programadas.
Lucio Callo Callata, dirigente del Sutep, informó a La República que cada provincia enviará, para el 9 de enero, una delegación para participar de la misa central por los fallecidos y los pronunciamientos de justicia para que se sancione a quienes crearon condiciones para que las Fuerzas Armadas abran fuego contra civiles en Arequipa, Ayacucho, Puno, Ilave, Carabaya y otras partes del país.
Paralelamente, se izará en todas las plazas principales de las capitales de provincias la bandera blanca y negra o blanca y roja a media asta en señal de duelo y en memoria de quienes perdieron la vida aquel fatídico día en inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, de Juliaca.
Asimismo, se programó romería al cementerio central de Juliaca, donde están enterrados varios de los fallecidos, y el recorrido por inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, donde la mayoría perdió la vida. Todas las actividades serán pacíficas.
“No va a ser un día cualquiera. Tenemos que recordar a los muertos. De ese modo vamos a decirle al Gobierno de Dina Boluarte que Puno no se rinde y no olvida la masacre. Por ellos, hubieran querido matarnos a todos, pero se ensañaron con 18, disparándoles en partes vitales”, dijo Callo Callata.
La Asociación de Víctimas del 9 de enero, que agrupa a familiares de los fallecidos, informó a La República que habrá varias manifestaciones públicas que, de ahora en adelante, apuntan a exigir que se sancione a los responsables de los crímenes.
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“El Gobierno creó condiciones para que las Fuerzas Armadas actúen con impunidad, asumiendo que estaban disparando a terroristas y comunistas. Quien ha creado ese estigma fue Alberto Otárola y la cúpula militar. Por lo tanto, ellos son los responsables de los crímenes y ellos tienen que ser sancionados como instigadores y autores mediatos. Y por supuesto acá también tiene que pagar ante la justicia los militares”, dijo Wili Ito, dirigente.
Por su parte, la familia de Marco Samillán, el médico internista que auxiliaba a los heridos de las protestas y que fue asesinado, pidió que el Gobierno Regional de Puno declare el 9 de enero como día de duelo regional.