Los líderes indígenas están abandonados a su suerte; mientras que en el Gobierno hacen oídos sordos y en el Congreso solo priorizan sus gollerías. Lamentablemente, la noche del domingo, el defensor ambiental Benjamín Flores Ríos, de 70 años, fue asesinado cuando descansaba en su vivienda de la comunidad nativa Mariscal Cáceres, ubicada a 25 minutos en bote desde Aguaytía, en la provincia ucayalina de Padre Abad.
“Este cobarde y cruel asesinato indigna al pueblo kakataibo, de donde era, y a todo el pueblo indígena. El hermano, que era exagente municipal, había sido amenazado hace unas semanas por cocaleros”, precisó la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), luego de mostrar su indignación. Y es que no ha pasado ni un mes desde el crimen del líder del pueblo kichwa, Quinto Inuma, y ya tienen otro hermano muerto por solo defender sus bosques.
El presidente de ORAU, Jamer López, quien también ha sido amedrentado, contó a La República que hace poco la víctima había participado en la georreferenciación del territorio de su comunidad kakataibo, con el fin de definir sus límites y seguir luchando contra el cultivo ilícito de hoja de coca que está vinculado al narcotráfico. Allí recibió amenazas de varios colonos.
“Estamos frustrados porque afuera se tiene un discurso de que en el Perú se protege a los defensores ambientales, a los bosques y que se respetan los derechos humanos, y nada de eso. Somos parte del Estado, pero a la vez no lo somos”, expresó.
A su vez, por la noche, el líder kakataibo Herlín Odicio lamentó que el fiscal que está viendo el caso “maneje una hipótesis basada en dichos de personas que no son de la comunidad”. “Dicen que es por picadura de víbora, por envenenamiento. Es como que buscan deslindar de responsabilidades al Estado y encubrir a estas mafias”.
Por eso, la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) solicitó una exhaustiva investigación para hallar a los responsables y exigieron atender inmediatamente a los deudos mediante una asistencia económica y psicológica.
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Tanto ORAU como Fenacoka demandaron al Congreso y al Ejecutivo “asignar presupuesto a la propuesta de protección de los defensores ambientales, que está en manos de la Comisión Multisectorial, presidida por el Ministerio de Justicia”.
Esto es urgente debido a que desde el 2020 ya van cinco indígenas kakataibo asesinados, entre ellos Yenes Ríos, Herasmo García y Arbildo Meléndez.
Eso no es todo. Según Aidesep, en los últimos 10 años han sido asesinados 33 defensores de sus territorios y bosques. Se debe acabar con esta lista.
El especialista en políticas ambientales Iván Lanegra afirmó que este crimen ocurre mientras que el Congreso ha aprobado la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que reduce las medidas para evitar la expansión de la minería y tala ilegal en la Amazonía. “Además, busca la salida de la CIDH, debilita la colaboración eficaz y rechaza el Acuerdo de Escazú”.