Hoy se cumplió el plazo que dio el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Estado peruano para informar sobre las medidas que le pidió adoptar para reparar a Camila, una niña indígena a quien se le negó el aborto terapéutico y que fue criminalizada por perder un embarazo.
Sin embargo, hasta la fecha, Perú no ha cumplido con ninguna medida de reparación individual para Camila, lo que evidencia el poco valor que se le da a las niñas sobrevivientes de violación sexual en el país y que se suma a la incapacidad del sistema nacional para protegerlas y evitar su revictimización.
Entre las once reparaciones que solicitó el Comité destaca la relacionada a que el Estado brinde a Camila las condiciones necesarias para que retome su proyecto de vida, sus estudios y acceda a servicios de salud mental. La Procuraduría General del Estado debe ser célere con el proceso de cumplimiento de las reparaciones que garantice la participación de Camila y que finalmente el Estado cumpla íntegramente con el dictamen.
“El hostigamiento que recibió Camila del personal sanitario, fiscal, judicial y policial para que continúe con su embarazo la forzó a abandonar la escuela, su familia y comunidad; afectando su salud mental, revictimizándola, lo cual generó estados de depresión, ansiedad e ideas suicidas. Por todo ello, el Estado debe avanzar con las reparaciones”, explica Rossina Guerrero, directora de Programas de Promsex.
Asimismo, el Estado tiene la obligación de evitar que las niñas vean obstaculizado su derecho a interrumpir legalmente un embarazo, por lo que el Comité pidió modificar la Guía Técnica de Aborto Terapéutico para disponer su aplicación específica en las niñas y considerar el grave riesgo que implica un embarazo para su salud y su vida.
“La medida más efectiva para que no vuelvan a ocurrir casos como los de Camila, o el más reciente conocido como Mila, es aprobar una guía con enfoque de niñez. Las niñas deben dejar de ser tratadas como adultas y el personal de salud debe reconocer su condición de alto riesgo frente a un embarazo y no forzarlas a la maternidad”, sostiene Rossina Guerrero.
No es la primera vez que el Perú es hallado responsable internacionalmente por vulnerar los derechos de las niñas y adolescentes. Anteriormente, ocurrió lo mismo con L.C. y K.L., dos casos similares al de Camila, donde el Estado también fue sancionado por haber vulnerado sus derechos. Estos casos deben dejar de suceder.
En el marco del Día de los Derechos Humanos, le recordamos al Estado que esta realidad se sigue repitiendo en el país y que debe avanzar con las reparaciones para evitar que más niñas peruanas enfrenten una vida con violencia.
Columna de opinión
Isbelia Ruiz. Coordinadora de Litigio Estratégico de Promsex
Foto: Promsex
En el Perú, la agenda de las mujeres en su diversidad está en una grave crisis porque no solo se lucha por el reconocimiento y la reivindicación de nuestros derechos, sino que se resiste y lucha por no retroceder en lo avanzado, por ejemplo, enfrentando a grupos antiderechos que proponen regresividad en materia de derechos ya reconocidos como es el aborto terapéutico.
El dictamen emitido por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en el caso Camila vs. Perú, determinó que el Estado peruano es responsable de haber violado múltiples derechos humanos, por haberle negado el acceso al aborto terapéutico. Esta decisión es trascendental para el Perú y Latinoamérica, porque es la primera vez que un órgano que vela por los derechos de la niñez, dicta una decisión vinculada al derecho al aborto.
El reto ahora es que el Estado cumpla con las reparaciones establecidas por el Comité para garantizar acceso a justicia y reparación a Camila y las niñas del país que están en esa misma situación.