Un cuestionamiento más en su contra. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana, se contradice y ahora niega las declaraciones que emitió sobre el fondo Brookfield, accionista mayoritario de la concesión Rutas de Lima, en Canal N, el viernes 11 de agosto. En 'Mundo paralelos', el burgomaestre aseguró que desde la Municipalidad de Lima estaban "dispuestos a pagar” para que se “vaya” el fondo de Perú, a fin de evitar una figura violenta. Sin embargo, en Willax, el último domingo 5 de noviembre, el líder de Renovación Popular negó “que lo haya dicho”, a pesar de que existen reportes periodísticos.
“¿Eso quién lo dice? Yo no he dicho eso, cuándo he dicho eso, una de las tantas mentiras de ese grupo. No, no, es falso”, precisó López Aliaga luego de que le recordaran sus palabras emitidas sobre Rutas de Lima. ¿Pero exactamente qué mencionó el alcalde en Canal N y que ahora niega?
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Como se recuerda, la concesionaria Rutas de Lima tiene a su cargo los peajes de la Panamericana Norte y de la Panamericana Sur, por lo que, en ese contexto, a fin de que se retire del Perú, el alcalde de Lima precisó que estaba coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que el dinero provenga de la Municipalidad de Lima. El objetivo era uno: "No crear una figura violenta y de caos".
“Una oferta que es lo que da, no se le puede dar más plata. Esto parte de algo viciado, pero por el tema de no crear una figura violenta y de caos, pues estamos dispuestos a pagar, a pagar para que se vayan (...) A mi entender, no se le debe pagar nada, pero estoy coordinando el MEF la salida más conveniente y el dinero saldrá de la Municipalidad de Lima. Estamos en azul, en doble A por los excedentes de caja que tenemos”, aseguró entonces López Aliaga.
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La Municipalidad Metropolitana de Lima contrató al estudios de abogado Curtis Mallet - Prevost, Colt & Mosle LLP por el monto de 2 millones 400.000 dólares para la defensa del arbitraje internacional que inició Rutas de Lima. La convocatoria, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se llevó a cabo en solo tres horas. Este proceso se desarrolló por medio de una contratación directa. La República se contactó con especialistas que aseguraron que no existe justificación alguna para que se realice la licitación en menos de un día.
"No hay excusa para optar por la contratación directa porque el estudio ganador no es el único que tiene la capacidad de asumir la defensa. No estamos ante ninguna situación de emergencia que amerite este proceso", refirió el abogado Christian Castillo a este medio.