PCM: hasta 30 años de cárcel para el que robe celulares

El Consejo de Ministros aprobó incrementar las penas para los delincuentes que roben celulares, convencido de que con ello se logrará reducir este delito, que afecta a miles de peruanos. Al día se denuncian más de 5.000 robos de teléfonos móviles. Para combatirlo, según anunció el premier Alberto Otárola, se modificará el Código Penal en la figura de robo agravado y se incorporará el robo de “equipos terminales móviles, informáticos u otros similares”, el cual ahora tendrá como castigo de 12 a 20 años de cárcel.

Sin embargo, la pena será más severa (de 20 a 30 años de cárcel) si los delincuentes cometen su crimen empleando explosivos o “vehículos motorizados”. La medida fue aprobada el último lunes y, de acuerdo con el jefe del gabinete, potenciará la lucha contra el comercio ilegal de celulares.

De acuerdo con Osiptel, de enero a setiembre se han producido 1.286.435 denuncias de robos de estos equipos en el ámbito nacional, siendo el lunes el día en que más delitos de este tipo se cometen (alrededor de 230 robos cada hora).

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Ante ello, especialistas en derecho penal y lucha contra el crimen señalan que el anunciado decreto es poco práctico y hasta innecesario. Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, esta propuesta legislativa es “inapropiada e impertinente”, dado que se estaría recurriendo al Código Penal para tratar de abordar un problema que “tiene otras explicaciones”.

“Lo importante es bloquear los equipos con las compañías de teléfonos, para que los números que no están a nombre del titular no puedan brindar servicio”, sostuvo al ser consultado por La República.

En tanto, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, declaró que el incremento de penas en el país no “ha traído como consecuencia una disminución de los delitos”. “Yo puedo ponerte hasta pena de muerte, pero, si la probabilidad de que te atrapen es muy baja, no importa qué pena pongas”, comentó.

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Mario Amoretti, abogado penalista, considera que el problema de fondo no es la ley, sino que las autoridades competentes no están aplicando de manera correcta las normas vigentes. “Mientras que el Ejecutivo y las municipalidades no ejecuten medidas de seguridad, seguiremos en lo mismo. Que clausuren San Jacinto, Las Malvinas, La Cachina. Si no tienen los delincuentes a quién robar, es porque no tienen a quién vender y ya no habrá más robos”.

Asimismo, recalcó que este decreto “es inconstitucional porque no se puede legislar los objetos que afectan bienes jurídicos como el patrimonio”.

Incongruencias

Es importante detallar que, en el derecho, los términos robo y hurto no son iguales. “El primero es cuando se ejerce violencia sobre la persona o la amenaza con un arma de fuego; mientras que el hurto es si a mí me arrebatan el teléfono”, explica Amoretti. En ese sentido, si es que un delincuente le quita el celular a una persona empleando un vehículo motorizado —que es quizás uno de los mecanismos más usados—, pero no hubo forcejeos o violencia de por medio, ya no sería robo, por lo que, según el decreto de ley en cuestión, tampoco se aplicaría la pena de hasta 30 años. Esto, según Amoretti, es calificado como algo “inexplicable”, debido a la incongruencia, sobre todo, de la cantidad de años que se piensa aplicar.

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“Si como consecuencia del robo una persona se cae, se rompe la cabeza y se muere, es cadena perpetua; pero, si yo mato a una persona para facilitar el robo de un celular, la pena sobrepasa los 20 años”, explica Mario Amoretti.

Es así que ambos especialistas coinciden en que el número de años no corresponde a un crimen menor, como es el robo de un teléfono móvil. “Esa pena de 30 años es para delitos particularmente graves, como asesinatos, sicariato, crimen organizado, lavado de activos o corrupción. Son para hechos que realmente lo justifican. No tiene punto de comparación con robar un teléfono celular […]. Acá lo que se está haciendo es demagogia y politiquería con temas penales”, alertó el penalista Lamas Puccio.

En ese punto, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, estimó que con esta medida en un año se tendrían cerca de 4.600 condenados. “¿Dónde se les va a albergar si no tenemos centros de reclusión? Va a ser imposible porque no hay lugares para detener a estos delincuentes. Es totalmente populista”, agregó.

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Ante este contexto, Osiptel señaló para este diario que es necesario “seguir sensibilizando a la población para desincentivar la compra de celulares robados”.

Asimismo, recalcaron que, “en el marco de sus funciones”, han fortalecido la lucha contra el comercio ilegal de celulares “de la mano con las empresas operadoras”, a través de la medida del bloqueo automático de celulares, que entró en vigencia desde junio del 2021.

Terribles cifras

Osiptel también informó a La República que los lunes ocurren la mayor cantidad de robos de celulares (231 por hora), le siguen los sábados y martes, con 207 y 191 robos de equipos por hora, respectivamente.

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Además, las horas pico en que se reporta la mayor incidencia de estos delitos son a las 10 de la mañana (347), el mediodía (315) y las 7 de la noche (313).

Por otro lado, se registra que, del total de celulares robados hasta setiembre, 433.211 eran de la marca Samsung, 265.441 Redmi, seguido por Motorola con 136.691, Huawei (117 936), Apple (74 709), entre otros. Lima es la ciudad con más robos.

PJ plantea medidas más severas

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, propuso que el crimen organizado sea enfrentado con “normas de excepción”, medidas similares a las que se emplearon contra el terrorismo, dada la gran peligrosidad y poder que ha alcanzado el crimen organizado. “Hay que darles otro tratamiento […]. Tenemos que tomar alguna medida y eso está en manos del Ejecutivo y el Legislativo”, señaló el juez supremo.

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También pidió al Congreso “flexibilizar las normas de contratación pública” con el objetivo de enfrentar la criminalidad en el país, sobre todo, para que los distritos en emergencia puedan frenar la inseguridad ciudadana.

“Es una necesidad, tenemos que cambiar esas normas. Exhorto a los congresistas a contribuir en este cambio para que los distritos en emergencia puedan accionar con el presupuesto asignado recientemente por el Ejecutivo”, sostuvo. Arévalo hizo declaraciones en su visita al norte del país.

Reacciones

Luis Lamas Puccio, abogado penalista

“Esta propuesta legislativa es impertinente. Lo importante es bloquear los equipos con las compañías de telefonía, para que los números que no están a nombre del titular no puedan brindar servicios”.

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Mario Amoretti, abogado

“Mientras el Ejecutivo y las municipalidades no ejecuten medidas de seguridad, seguiremos en lo mismo. Que clausuren San Jacinto, Las Malvinas, La Cachina”.