Alberto Otárola acudirá a sesión de OEA previo a audiencia de CIDH sobre muertes en protestas
La CIDH sigue el caso de muertes en protestas en Perú y expondrá el avance de las recomendaciones el 10 de noviembre. En tanto, el Gobierno ha solicitado a la OEA escuchar al primer ministro Otárola el 18 de octubre.
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El Gobierno peruano ha solicitado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) una sesión extraordinaria que se realizaría el 18 de octubre para poder escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Gustavo Adrianzén, representante permanente del Perú ante la OEA, envió el documento oficial en el que plantea al Consejo Permanente de esta organización reunirse en la mencionada fecha a las 3.00 p. m.
Este hecho ocurre de manera sorpresiva, puesto que el 10 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará una audiencia donde evaluarán si el Perú ha seguido las recomendaciones tras informe que presentó la organización internacional respecto a las muertes en las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023 contra el Gobierno de Dina Boluarte.
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El último 28 de setiembre, la CIDH informó que en audiencia —que llevarán a cabo el 10 de noviembre— se evaluarán los avances del país sobre los casos de personas fallecidas en manifestaciones. Ante ello, la reunión que convoca el Perú busca que el titular del Consejo de Ministros exponga ante la OEA u discurso titulado "El Perú en la OEA: un nuevo y fortalecido relacionamiento multilateral".
CIDH: ¿qué dijo Dina Boluarte sobre informe de organización internacional?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe en mayo del 2023 titulado "Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales". En este, consideran que, en Ayacucho, se registraron violaciones a los derechos humanos e indican que estas acciones pueden denominarse ejecuciones extrajudiciales al ser perpetradas por agentes del Estado.
"En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", se lee en el documento.
Ante ello, la presidenta Dina Boluarte negó los hechos y durante un pronunciamiento aseguró lo siguiente: "Desde que asumimos el Gobierno, no ha habido ningún discurso de polarización entre unos y otros, menos de división. Siempre hemos llamado a la unidad, a la paz, al diálogo".
