Una recopilación de información realizada por la Defensoría del Pueblo de la región Lambayeque a las denuncias realizadas en el portal SíSeve, aplicación del Ministerio de Educación (Minedu) que permite que cualquier persona pueda registrar un caso de violencia escolar, revela que, a la fecha, hay 277 casos de violencia sexual ocurridos en las instituciones educativas de la región, desde el 2014 hasta julio de 2023.
Solo entre febrero y julio de 2023, se han registrado 33 casos de violencia sexual en centros educativos de Chiclayo. Ante estas lamentables cifras, se requiere conocer si en dichos casos las autoridades educativas han dispuesto medidas de protección efectivas a favor de los alumnos agraviados Esta acción busca que las instituciones del sector educativo informen las acciones que se han adoptado a nivel administrativo y penal. Es decir, se tiene casi nueve años sin proporcionar qué medidas se han empleado ante estos lamentables acontecimientos.
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La provincia de Chiclayo reportó la mayor cantidad de casos de violencia sexual donde los agresores fueron docentes y personal administrativo. Las víctimas fueron los escolares. Así, en esta provincia se reportaron 163 casos, de los cuales en su mayoría las víctimas fueron estudiantes de secundaria.
Además, del total de casos a nivel departamental, del 2014 a mediados de 2023, 76 casos corresponden a la provincia de Lambayeque y 38 casos pertenecen a los colegios de la provincia de Ferreñafe. Intervención Para el jefe de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, Julio Hidalgo, es necesario conocer cuántos procesos disciplinarios se iniciaron y cuál es el resultado final de dichos procesos, a fin de verificar la cantidad de docentes que se ha sancionado por las deplorables conductas y la cantidad de docentes que continúan ejerciendo la docencia pública sin ningún tipo de sanción.
De esta manera, remitió diversos oficios a las unidades de gestión educativa local (UGEL) de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, para que informen sobre el deber de comunicar al Ministerio Público y a la Policía Nacional sobre los hechos de violencia en agravio de los estudiantes, así como las medidas preventivas adoptadas para evitar actos de violencia física, sexual o psicológica en cada uno de los planteles. “Las cifras alarmantes evidencian, sin lugar a dudas, la grave violación a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en nuestra región, por lo que resulta fundamental replantear las medidas de prevención con el propósito de proteger mejor a la niñez en las instituciones educativas”, expresó el defensor de Pueblo, Julio Hidalgo, en los diversos documentos enviados a los titulares de las UGEL.