En Perú hay más de 650.000 personas sin estatus formal de residencia. La cifra solo confirma algo patente en la cotidianidad de cada región. Aun así, este 2023, el Congreso aprobó la modificación de la Ley de Migraciones con el objetivo de penalizar a las personas que le alquilen viviendas a extranjeros con una situación migratoria irregular. De acuerdo con representantes del ONU, esta ley no se ajusta a los tratados internacionales de derechos humanos y pone "en riesgo a la población migrante y refugiada en el país”.
La modificación se realizó a los artículos 10, 45, 61 y 63 del Decreto Legislativo 1350 (Ley de Migraciones), con los que limita el ingreso y tránsito de los extranjeros y los obliga a acreditar una situación migratoria regular para alquilar vivienda en el país. Este cambio multa a los ciudadanos que alquilen sin informar a Migraciones los datos de los inquilinos extranjeros.
"La vivienda es un derecho humano de todas las personas, independientemente de la nacionalidad y la condición migratoria. Nadie debería verse obligado a quedarse sin hogar", refirió el miembro de la ONU Balakrishnan Rajagopa. Asimismo, su colega Felipe González Morales agregó: "Albergar a un gran número de personas migrantes y refugiadas en Perú es un reto, pero criminalizar a las y los propietarios que alquilan viviendas y alojamiento a personas migrantes indocumentadas empeorará aún más la situación".