A pesar de estar en una de las peores crisis de inseguridad ciudadana, el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) registra un deficiente desempeño en ejecución presupuestal respecto a seguridad. Los recursos económicos referidos figuran en el programa presupuestal 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De acuerdo con este programa, el gasto ejecutado en este sector por la gestión del gobernador Jorge Pérez Flores hasta ayer 16 de julio de 2023 alcanza el 0.0 % de un total de S/ 28 440 136 asignado.
Dentro del programa de seguridad existen dos tipos de proyectos atrasados. Estos proyectos son el Mejoramiento del servicio policial de prevención de las comisarias PNP y de las unidades especializadas de la Dirección Territorial de la Policía (Dirtepol) de Lambayeque, con un presupuesto de S/ 2 317 283, y el Mejoramiento de los servicios policiales preventivo y operativo de las comisarías rurales y departamentos especializados de Lambayeque, cuyo presupuesto es de S/ 25 989 285.
Ambos proyectos cuentan con una ejecución del gasto del 0%. Según el reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones, el segundo proyecto en mención consiste en la adquisición de camionetas; esto último es un proceso de compra que aún no se ha finalizado. Mientras el primer proyecto consiste en la adquisición de motocicletas y motos acuáticas, cuya buena pro recién fue entregada recién el viernes 14 de julio de 2023.
En el caso de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, en patrullaje por sector-con recursos de S/ 734.673, tiene un avance de 42,4%, mientras en la partida denominada Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana no se cuenta con presupuesto.
De manera coincidente, tanto el alcalde leonardino Elber Requejo Sánchez y el gobernador regional Jorge Pérez Flores han pedido la salida de los militares para reducir asaltos y homicidios en el departamento de Lambayeque.
Opinión. Para el consejero Juan Pablo Horna Santa Cruz, los retrasos en la ejecución del gasto público en el GRL justifican una evaluación de los funcionarios de confianza.