La Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Caravelí (MPC), en coordinación con la Policía, realizaron el desalojo de 12 mil metros cuadrados invadidos del asentamiento humano Isidoro Berrocal Coronado, de propiedad edil. Arribaron 300 efectivos, y con apoyo de personal de la comuna, desarmaron 200 precarias casas que se asentaron desde el 19 de junio. El 21 de junio, la Unidad de Desarrollo, Catastro y Asentamiento Humanos (AA.HH.), determinó que la posesiones venían extendiéndose. Ocuparon zonas destinadas para vivienda, recreación y otros usos. También ocuparon áreas para calles, avenidas. El terreno está destinado para un proyecto municipal de vivienda.
Tania Peñalosa Iturry, procuradora pública de la MPC, cuestionó que la comuna no les brindara la maquinaria necesaria para el desalojo. "El personal con sus propias manos tuvo que destruir las casas", dijo.
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La recuperación estuvo en riesgo. La MPC estaba a punto de quedarse sin procurador en medio de las invasiones. El gerente municipal, Julio Sandoval, mediante la hoja de coordinación N°051-2023 el 21 de junio, informó que no se emitirá más órdenes de servicio a favor de la procuradora, y que la última vence el 30 de junio. Emplazando a que la Procuraduría General Estado tome acciones.
Días después, 28 de junio, el alcalde provincial Roberto Soto pronunció estas palabras en la rendición del Gobierno Regional de Arequipa: "todo lo que permanece, se queda y se aburguesa, se pudre y se corrompe. Es lo mismo que pasa con la Policía y la Procuraduría". "La Procuraduría está actuando de acuerdo a ley", contestó Peñalosa. Sostuvo que su permanencia aún está en riesgo porque le emitieron orden de servicio por un mes.
Agregó que por la entrega tierras en Isidoro Berrocal se han cometido irregularidades de anteriores gestiones, estas vienen siendo investigadas por las Fiscalía.Pese al desalojo falta recuperar otra zona menor denominada Morro.