La organización Human Rights Watch (Observador de Derechos Humanos), presentó su informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, referido a las protestas por la crisis social y política en el país. Juliaca tiene un espacio dedicado, pero por la magnitud de los sucesos, tendrá un documento adicional.
El informe de 117 páginas concluye en que el Ejército y la Policía perpetraron probables ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante las protestas de los últimos meses, especialmente enero y febrero.
César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló que, según los informes de autopsia, balística y registros médicos, al menos 39 de las 49 muertes ocurrieron por heridas de bala. Y más de 1300 personas resultaron heridas, entre ellas, agentes de policía.
Particularmente, en el caso de Juliaca, mencionó que se corroboró la vulneración de los protocolos y estándares internacionales para disparar a las personas, y que incluso se constató cómo se lanzaron las bombas lacrimógenas desde los helicópteros del Ejército.
Muñoz explicó que inclusive los gases lacrimógenos afectaron áreas de salud donde estaban siendo atendidas personas. “Eso no es aceptable”, dijo, e indicó que enviaron cartas a la Policía para que explique esa actuación, pero nunca obtuvieron respuesta. El representante de Human Rights Watch precisó que en aproximadamente dos semanas se presentará un informe adicional sobre los sucesos en Juliaca, porque representa un caso emblemático por tener la mayor cantidad de muertos producto de la represión policial.
Por el momento no se abocaron a tratar las muertes ocurridas en Juli, Ilave y Macusani, debido a limitaciones logísticas, pero no descartó que con esfuerzos de otras entidades se pueda abordar esos casos. Para elaborar el documento se entrevistó a más de 140 personas entre testigos, manifestantes, transeúntes, heridos, familiares de fallecidos y periodistas.
Human Rights Watch, también se reunió con funcionarios del gobierno y analizaron más de 37 horas de video y 663 fotografías, además de la revisión de informes de autopsias, expedientes penales, entre otros.