Medida cautelar frenó cese de 228 trabajadores judiciales en Arequipa

¿En qué condiciones han iniciado el año judicial, teniendo como antecedente el cese de 228 trabajadores?

El inicio de la gestión ha sido pensando en la institucionalidad de la Corte. Tenemos acciones que no solo provienen de la gestión, sino del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que busca ordenar la situación del personal. Se detectó que en el caso de los 228 trabajadores existió una circunstancia por la cual no se tomó el examen de conocimientos. La Corte lo sustentó, pues fue en el 2020 en plena pandemia y no había forma de estar de manera presencial. En el 2021, desde Recursos Humanos en Lima, vino la decisión que no había necesidad de concurso porque salió una ley que volvió indeterminado a los trabajadores que tenían contrato CAS. Este año, el Consejo Ejecutivo fue del parecer de organizar el personal y enviamos las cartas a los 228 trabajadores, quienes en ejercicio de su derecho han recurrido al Poder Judicial logrando una medida cautelar en la cual la jueza dispuso que (el cese) se deje sin efecto hasta que se emita sentencia.

¿Están trabajando?

Sí. Es una pauta de mi gestión cumplir efectivamente los mandatos judiciales.

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¿Cuándo salió la cautelar?

El 1 de febrero.

¿Entonces nunca dejaron de trabajar, cuando salió el despido?

No, porque el 31 de enero se les comunica el cese, el 1 de febrero la jueza dicta la resolución y lo hace con efecto retroactivo.

¿Osea esta demanda la interpusieron mucho antes?

Sí, unos días antes. Por lo que en la práctica hubo una sucesión en la contratación. Eso en cuanto a los 228; por otro lado en diciembre del 2022, se culminó la contratación de trabajadores para descargo (…) Respecto a los Juzgados de Violencia Familiar, violencia contra la mujer, tanto en ámbito de protección como sanción se nos informó desde Lima que había un déficit de presupuesto para este año con relación a 91 plazas con lo cual se afectaba de manera sustancial. En reuniones en Lima nos informaron que efectivamente era falta de presupuesto, pues a nivel nacional se tomó la decisión de derivar más recursos a educación y salud.

¿Qué acciones tomarán?

Se nos ha permitido reorganizar el presupuesto propio y con lo que íbamos a gastar en una parte de bienes y servicios, podremos contratar a 59 personas. Esperamos que luego de un concurso público puedan incorporarse y cautelar mejor los derechos de los ciudadanos.

¿El área de violencia es la más algida de la Corte?

Ahora, es una de las más álgidas. Tenemos un diagnóstico: la etapa de ejecución del proceso civil en el área de paz letrados y en el área penal y contencioso administrativo son las más problemáticas. A esto se añade el tema de violencia familiar y contra la mujer, tanto en el área de protección como sanción. (…) En la corte, tenemos alrededor de 200.000 expedientes en carga procesal.

¿Cuál es la situación de las sedes judiciales que fueron atacadas en las protestas?

Fueron 802 expedientes quemados. Tomamos la determinación de proteger la vida e integridad física de los trabajadores y magistrados. Por eso en algunas oportunidades hemos ordenando el trabajo remoto. (…) El seguro ha determinado que los daños en la infraestructura alcanzaban 279 mil soles. Mi gestión estima que antes del fin de marzo vamos a poder restablecer la infraestructura de El Pedregal y nos constituiremos hacia la población para dar el mensaje de que se ha cumplido con devolver la infraestructura.

Hemos podido realizar esta reasignación de presupuesto porque es un programa por resultado. Hemos sacrificado lo que pensábamos comprar, pero somos conscientes que estos juzgados requieren personal de apoyo en dos situaciones concretas. Se diagnosticó que tenemos un problema en la etapa de ejecución de los procesos, no basta que un juez dicte medidas de protección sino que efectivamente se cumplan para que la víctima se sienta resguardada. Tampoco basta en el ámbito de sanción que los jueces determinen culpabilidad, dictan pena y fijen reparaciones si de pronto estas penas que pueden ser convertidas u otras alternativas a la prioridad y libertad o también las reparaciones civiles no las podemos cobrar a favor de las víctimas. Ahí es donde hemos, en coordinación con Lima, precisado de que lo que correspondía era dar una volteada de objetivo a ciertos aspectos de ejecución que lo que harían es de estar más personal para verificar cómo se vienen ejecutando las medidas.

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¿Osea sigue faltando personal?

Sí, ahí viene esa circunstancia de falta de personal que esperamos cubrir parcialmente con estas 59 personas.

Igual habrá un déficit, porque tenían 91

Siempre, esta área no solamente hay que verla por el ámbito estadístico. En la corte tenemos alrededor de unos 200.000 expedientes en carga procesal actual. Pero en el área de violencia contra la mujer es algo mucho más especial porque no solamente se debe mirar el hecho de que estadísticamente logré mi hito o dicté mi resolución del caso cuando dicté la medida de protección. Después viene mucho la circunstancia propia de la relación de la víctima con el agresor, que hace que los jueces necesitemos ir a verificar situaciones en esa familia, como informes o seguimiento de carácter policial, circunstancia de verificación por parte de las agentes sociales las terapias en el ámbito de lo psicológico, las órdenes que mandan los jueces para que los CEM puedan colaborar.

¿Anteriormente se hacía este seguimiento o es una estrategia nueva de su gestión que se va a tratar de implementar?

Desde finales del año pasado ya la gestión del doctor Fernández Dávila, viró a ese objetivo. Ahora lo estamos llevando a una circunstancia material. Se va a pedir a los jueces la ejecución de estas medidas de verificación para tener una data y saber cuán efectivas son las medidas de protección.

¿En este momento no se sabe si esas medidas se cumplen?

De manera general la policía informa que sí hay una custodia, que sí se ha notificado, pero no vamos a lo concreto, a ver cómo está avanzando en el cumplimiento de esa medida. Por ejemplo, si se dictó como medida la intervención psicológica de la víctima y del agresor de repente el dato frío nos dice que sí han ido a la terapia, pero hay que ir un poco más allá: si la terapia surte efecto o no. Eso es lo que verdaderamente nos debería interesar, en ese camino es en el que estamos orientados.

¿Qué tendrían que hacer, contratar a mayor personal?

Mayor personal para que puedan hacer un seguimiento desde dos aspectos uno, en el ámbito multidisciplinario que es esta área: asistentes sociales, psicólogos. Y lo otro en el trámite mismo ya del expediente que trabaja a través de secretarios de juzgado, especialistas de causa, las cuales nos permiten ya atender esa carga porque el personal que hasta ahora trabaja en estas áreas de manera habitual se dedica a todo lo que en el proceso funciona antes de dictar medidas de protección, mandarlas a la ejecución y en el área penal todo el procesamiento penal que incluye desde que el fiscal formaliza la investigación preparatoria hasta ya eventualmente el juzgamiento o la imposición de la pena mediante una sentencia o la absolución

¿Cuál es la situación de las sedes judiciales que fueron atacadas en las protestas y los expedientes afectados?

Fueron 802 expedientes quemados. Tomamos la determinación de proteger la vida e integridad física de los trabajadores y magistrados. Por eso en algunas oportunidades hemos ordenado el trabajo remoto ante la manifestación de la población que entendemos, hay el derecho de protesta y eso es legítimo. Sin embargo, también hemos sido muy enfáticos en determinar que los excesos y las afectaciones y también ruptura de cualquier orden constitucional y afectación a la propiedad público-privada está vedado en la ley. Cautelando el recurso humano de la Corte, ha permitido abocarnos de una manera mucho más específica a la infraestructura y los expedientes que fueron materia de ataques y de quema por parte de los manifestantes. Entiendo que fue un cúmulo, no estoy indicando que sean ellos los que han cometido este tipo de delitos, sino personas que, de manera muy precisa e individual, han cometido este tipo de delitos. (…) En Camaná, dado que se rompieron las lunas de los vidrios del local que ocupa la sala mixta y el módulo penal y se atacó el centro de distribución general, optamos por tapiar. En el caso del Pedregal, que fue la sede más dañada, todos los ambientes que fueron incinerados fueron aislados y tapiados. Se designaron dos ambientes muy pequeños para que la administración de justicia siga funcionando, aunque de manera virtual. Tomamos la determinación de hacer prevalecer los seguros (…). Los daños, alcanzan en la infraestructura algo de 279 mil soles con los cuales se contrató, por parte del seguro, la empresa determinada y está bastante avanzado. En Camaná solamente falta cubrir la parte del CDG, lo hemos decidido con una de esas rejas corredizas metálicas. En el Pedregal ya está el tema de la construcción de la infraestructura faltante,

Mi gestión estima que antes del fin de mes de marzo vamos a poder restablecer la infraestructura y nos constituiremos hacia la población del Pedregal para dar el mensaje de que se ha cumplido devolver la infraestructura. Sería la primera sede judicial restaurada después de los actos vandálicos de diciembre y de enero.

¿Y en cuánto a los expedientes?

Visitamos con el jefe de Odecma la sede de El Pedregal, el resultado final fue el daño de 802 expedientes (…) mucha de la data sí se ha podido recuperar y hay otra parte que el juez ha optado por rehacer los expedientes. Quiero dar el mensaje de identificación de parte de los jueces y servidores, porque a la par de estar recomponiendo los expedientes han continuado con sus audiencias y carga habitual. De esta manera la recomposición de expedientes conlleva que se requiera a las partes y presentar los actuados pertinentes de cada uno de los procesos expedientes.

¿Qué porcentaje será lo que tiene que reconstituir?

Los 802 expedientes. Aquí aplicamos el código procesal que establece la forma de recomposición, el juez ordena la recomposición con los actuados que las partes tengan a su disposición, las partes siempre tienen cargos de los escritos y las resoluciones que los jueces tenemos en el sistema.

¿En cuanto a los casos de corrupción recientemente hubo una detención de los Estafadores de la Joya, donde incluso estaba un juez de Paz que emitía constancias de posesión y ayudaba a toda esta presunta organización criminal ¿Ustedes han visto ese tema de cómo están actuando los jueces de paz?

Es un exjuez, eso hay que aclararlo. En la investigación de la Fiscalía, si va a encontrar responsabilidad en este exjuez de la corte, nosotros simplemente vamos al trámite para que continúe la investigación fiscal y de ser el caso que tenga causa probable, se lleve a cabo el procesamiento penal y los jueces adoptarán la medida que corresponda. Una de las vertientes que planteé al inicio de gestión fue dar una mirada a los juzgados de paz, porque están más cerca a la población por su ubicación territorial (…) Tenemos una situación que hemos detectado aquí y es que los jueces de paz se eligen por elección popular, pero estas no se pueden realizar mientras esté un proceso de elecciones generales. La crisis política nos ha impedido que podamos elegirlos. Actualmente ya hemos reforzado la oficina de justicia de paz en la Corte de Justicia de Arequipa con tres acciones muy concretas: control, que debemos tener sobre los jueces de paz y control que viene de la mano con el aspecto disciplinario que lo hacemos con el jefe de Odecma. Lo segundo verificar y que se pueda llevar a cabo un proceso de elección de los jueces de paz faltantes, porque esto provoca que muchas veces tengamos que estar encomendando ante renuncia o suspensiones a otros jueces cercanos. Y lo tercero es la capacitación (…).

Otra de sus propuestas era un plan de control, ¿Cómo se hará efectivo?

En realidad, vimos, la necesidad de plantearlo como un control que siempre en Arequipa ha sido previsto. Arequipa no tiene los problemas de corrupción como en otras instituciones del Estado se pueden verificar. Han sido temas muy puntuales que como Corte se ha intervenido. Hay servidores, jueces de paz, funcionarios que han sido sancionados por Odecma, porque lo que sí queremos en la Corte es un servicio prístino a la sociedad. Propusimos un aspecto de control de las decisiones a través de distintas coordinaciones que sí puede dar lugar a un funcionamiento.

¿Cómo operaría esto?

Lo que hacemos es que los jueces coordinadores tengan una circunstancia de enlace con los jueces de su área respectiva. Y por lo tanto, a través de reuniones para acordar criterios, viabilizar de una mejor manera los plenos jurisdiccionales. Esto conlleva a una suerte de mayor compenetración y uniformización de los pronunciamientos judiciales.

¿Cómo van a descargar los 200.000 expedientes?

Primero, el trámite. Queremos identificar dónde están los cuellos de botella en los trámites. Y esto por áreas, con el propósito de viabilizar y que las sentencias se logren en un menor tiempo posible.

La ejecución es algo que nos preocupa, sí, la sobrecarga también. Eso lo hemos manifestado como preocupación en Lima y existe el proyecto planteado ante la Gerencia General, en el cual se va a ver las áreas que son bien álgidas en la ejecución. El área civil, el área contencioso administrativa, los juzgados de paz letrado y el área penal, esperamos nosotros que pueda solucionarse el tema con los equipos de descarga

Al final de la entrevista, el presidente dejó un mensaje por el Día de la Mujer. “Quisiera dejar un mensaje hacia las mujeres que pueden cumplir una labor en la familia, en el hogar, que de por sí es un pilar importante; y trascender al ámbito laboral y a cargos públicos de altas jerarquías. Eso denota lo valioso que puede ser la mujer en nuestra sociedad. Y por eso días como el 8 de marzo, hay que realzarlo”