Médicos y docentes obligados a denunciar casos de violencia contra la mujer, afirmó Movimiento Manuela Ramos

Tras el reciente caso de una menor de 10 años reportada como embarazada en el Hospital Santa Rosa de Piura, el Movimiento Manuela Ramos destacó que personal médico y docentes de los colegios están obligados a denunciar los casos de embarazo adolescente por tratarse de una afectación a la vida y salud de una menor de edad.

La vocera Melissa Guillén Zubiaga indicó que la ley n.° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familia y en el reglamento de esta norma se establece el accionar del personal de los colegios y de los centros médicos. “Este accionar inicia con una obligación de denuncia”, enfatizó Guillén.

Aseveró que en los casos de violencia sexual se debe denunciar ante la Policía o en el Ministerio Público. Mientras que el Ministerio de la Mujer brinda apoyo integral a las personas víctimas, incluyendo acompañamiento psicológico y legal.

• Gobierno declara días no laborables compensables por la visita del papa León XIV a Perú
• Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en prisión

Melissa Guillén Zubiaga sostuvo que, en el caso de los centros de salud, cuando registran un caso de embarazo en niñas, el personal médico debe dar aviso a las autoridades correspondientes.

Asimismo, en los centros educativos los maestros están en la obligación de denunciar bajo responsabilidad penal y administrativa, de acuerdo a los protocolos. “Si un profesor detecta señales de violencia, debe informar a dirección y hacer la denuncia”, señaló la vocera.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. La Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM.