El Ministerio de Justicia ya emitió la resolución que aprueba la entrega de S/50.000 a los familiares de personas que fallecieron durante las movilizaciones sociales realizadas entre el 8 de diciembre de 2022 y enero de 2023, en siete regiones, entre ellas, Puno, Apurímac, Cusco y Arequipa.
Algunos de los deudos se pronunciaron sobre el pago que les asignó el Gobierno. En esta línea, Demetrio Aroquipa, padre de una menor de 17 años, quien murió el 9 de enero tras salir a comprar al mercado, adelantó que no recibirá el monto.
“Salimos libres, caminando, junto a mi esposa y mi otra hija, los cuatro, y regresamos en un ataúd. En memoria, mi hija no tiene precio”, señaló el ciudadano juliaqueño, en declaraciones para la prensa.
"Dijeron tantas barbaridades el 9 de enero, cuando estábamos en dolor, llorando por nuestros muertos”, lamentó Armando Halire, abogado de las familias.
Por su parte, Raúl Samillan, hermano del interno de medicina y brigadista Marco Antonio Samillan Sanga, quien perdió la vida cuando se encontraba auxiliando a los lastimados de la confrontación con la PNP, expresó su desconfianza ante la ayuda económica.
“Somos humanos, no podemos llegar a tal extremo de quitarnos la vida peor que animales (…). Somos siete hermanos y tenemos que ver cuál es la intención del Gobierno con esta bonificación o si con esos S/50.000 quieren callarnos la boca, lo cual no lo van a lograr”, aseguró Raúl Samillan.