Ministerio Público recupera restos de 21 víctimas del conflicto armado interno en Ayacucho

En una intervención conjunta, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo de Ayacucho y el Equipo Forense Especializado (EFE), con apoyo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) y del Comité Internacional de la Cruz Roja, recuperaron los restos de 21 víctimas de la masacre registrada por policías en el distrito de Socos, de la provincia de Huamanga, en la región Ayacucho, entre el 13 al 17 de noviembre de 1983.

Las diligencias de exhumación y recuperación de restos óseos y elementos asociados fueron desarrolladas durante cinco días en el paraje denominado Balconiyuq y en el cementerio del distrito de Socos.

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Como resultado, la perito arqueóloga Silvia Catherine Vera Cuarite, el perito arqueólogo Miguel Ángel López Luján y el perito fotógrafo Iván Vargas Cancho, bajo la dirección del fiscal Reiner Salinas Mendoza, recuperaron los restos humanos de aproximadamente 21 personas, entre adultos, jóvenes y niños, los mismos que, en su mayoría, se encontraban conglomerados e incompletos.

Asimismo, todo lo recuperado será materia de análisis e identificación por parte de los forenses para una posterior restitución y entierro digno.

Durante los días de intervención, también se contó con la participación de los familiares de las víctimas, así como de los profesionales de la DGBPD y de la Red de Salud Huamanga, quienes brindaron el acompañamiento psicosocial.

De acuerdo al informe elaborado por la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), entre el 13 al 17 de noviembre de 1983, efectivos policiales habrían detenido, asesinado y desaparecido, por lo menos, a 32 personas en Socos.

Los sucesos fueron investigados y judicializados en su momento ante la Primera Sala Mixta del Tribunal Correccional de Ayacucho, órgano judicial que, el 15 de julio de 1986, dictó sentencia condenatoria contra 11 miembros de la Policía Nacional del Perú.

En el mencionado caso, el Ministerio Público viene desarrollando actuaciones fiscales en el extremo de la investigación humanitaria. Esto, con la finalidad de poder identificar a las víctimas para una posterior entrega, ya que, en su momento, los familiares enterraron a los agraviados en fosas comunes y no pudieron darle una sepultura de acuerdo a sus costumbres.